La pandemia no detiene la política racista de la «Europa fortaleza»

Más de 600 migrantes tunecinos en Melilla han iniciado una huelga de hambre. Después de ocho meses esperando su traslado a la península, el ministerio de Interior anunció su deportación en pleno estado de alarma. Mientras tanto, miles de personas sin papeles en todo el Estado español siguen sobreviviendo al estado de alarma sin poder acceder a ayudas o a la salud pública.

Más de 600 migrantes tunecinos del CETI (Centro de Estancia Temporal para personas Inmigrantes) de Melilla han iniciado una huelga de hambre para exigir ya su traslado a la península y como protesta contra la deportación anunciada el 27 de abril por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Llevan alrededor de ocho meses en el CETI esperando su traslado a la península ibérica. Ahora se le ha sumado la pandemia por el coronavirus al hacinamiento y a las malas condiciones sanitarias en el centro. Éste alberga 1600 personas, cuando su capacidad es de 790. «A veces tardamos hasta dos horas, esperando en el pasillo, para poder entrar en el comedor, que está llenísimo y donde es imposible mantener la distancia» denuncia una mujer tunecina.

Las condiciones de hacinamiento y el anuncio de la deportación han avivado las protestas de sus familias en Túnez.

Por otro lado, los CIES (Centros de Internamiento para Extranjeros) de la península quedaban completamente vacíos este pasado miércoles, ya que las personas deben quedar en libertad si durante un plazo máximo de 60 días no han sido deportados a sus países de origen.

Declaraban fuentes de Interior que “el estado de alarma no es óbice para realizar trámites de devolución si las partes implicadas así lo acuerdan”, haciendo referencia al acuerdo con el Gobierno de Túnez. Y así es. Ni el estado de alarma ni la pandemia global del COVID-19 detienen las políticas racistas del Gobierno supuestamente progresista del Estado español.

Publicaba ayer en Twitter Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, que España tenía que seguir el camino de Italia, que regularizará a 600.000 personas migrantes sin papeles. Según las autoridades del país vecino, la decisión se ha tomado a raíz del papel esencial que están desempeñando los migrantes en labores agrícolas y cuidado de personas mayores durante la crisis del coronavirus. Las personas obtendrían sus documentos durante seis meses (y renovable otro medio año) y no tendrían derecho a voto.

Esta es la política racista del gobierno español: la homologación express de títulos a extranjeros sanitarios, la flexibilización a temporeros extranjeros para trabajar en el sector agrícola o la propuesta de Italia de regularizarles para la suplir la falta de trabajadores. Es decir, ni más ni menos que utilizar como carne de cañón a las personas sin papeles para trabajar durante la crisis del coronavirus. Exigimos los papeles para todos y todas, no porque sea “bueno para la economía” sino porque migrar no es ningún delito y porque ningún ser humano debería ser considerado ilegal.

La campaña por la regularización ha tenido un éxito importante en redes sociales durante el estado de alarma pero esto no alcanza. El Gobierno hace oídos sordos. Es por eso que hay que prepararnos y organizarnos para luchar en las calles por los papeles para todos una vez acabe el confinamiento. ¡Papeles y derechos para todas y todos ya! ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!