Agustín Sena
Las enormes tomas de tierras de las últimas semanas (especialmente la ubicada en Guernica, zona sur del Conurbano bonaerense, que abarca a alrededor de 2500 familias) no hicieron sino desnudar un problema que ya es histórico en la Argentina y que se agravó con la pandemia: el déficit sistemático de viviendas para la población trabajadora del país, no sólo por la falta fisica de inmuebles y suelo urbanizado sino por las dificultades económicas de la gran mayoría de la población para acceder a una vivienda y a los servicios básicos.
Según la Secretaría de Vivienda de la Nación, el déficit habitacional del país alcanza a 3,5 millones de familias, aproximadamente un tercio de la población argentina. Dentro de esta cifra se cuentan tanto el déficit cuantitativo (la necesidad de una nueva vivienda) como cualitativo (la falta de servicios básicos en la vivienda que se tiene, habitar en casas construidas con materiales defectuosos y condiciones de hacinamiento que exigen viviendas más grandes). De estos 3,5 millones, el 40% (1,3 millones) necesitan una nueva vivienda. Además, un tercio de esas familias son pobres y están desempleadas. 1.240.000 son de la Provincia de Buenos Aires, de las cuales un 50% se trata de déficit cuantitativo, y un 50% de déficit cualitativo. Se estima que haría falta una inversión de 26 millones de dólares para solucionar la situación de estas familias.
Sin embargo, los números aumentan si tenemos en cuenta que alrededor de 5 millones de personas viven en las 4400 villas y asentamientos del país, sin acceso a servicios básicos ni titularidad del suelo. De estas villas y asentamientos, 1.800 pertenecen a la Provincia de Buenos Aires, 1000 de ellas al Conurbano (un total de 400.000 familias). A esto hay que sumar que el 33,5% de la poblacion sufre carencias en cuanto a cloacas, agua corriente y energia, y el 27% del total de las viviendas existentes no resultan adecuadas por materiales, el servicio sanitario al que se accede y el espacio disponible (hacinamiento).
Sin embargo, no se trata de ninguna manera de un problema nuevo o reciente, sino que es histórico en el país. Viene de larga data, por lo menos desde la llegada del neoliberalismo, y continuó su curso ascendente luego del 2001 y durante el kirchnerismo y el macrismo. Se calcula que desde el año 2000 en adelante, se generan por año 210.000 nuevos hogares (es decir, grupos familiares convivientes) de los cuales 35.000 no consiguen un techo bajo el cual vivir. Estamos hablando de una generación constante de cientos de miles de nuevas personas sin vivienda al año. También ha aumentado la dificultad para acceder a una vivienda propia, no alquilada. Entre 1996 y 2010, la tasa de propiedad de vivienda cayó un 8% (del 76% al 69%), acompañada por un aumenta de la vivienda de alquiler (15% a 18%) y de las ocupaciones, legales o ilegales (de un 8% a un 11%) (La Nación, 30-3-2018).
A esto se suma una enorme desigualdad en el acceso a la vivienda por región. Paradójicamente, es en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), la región más rica y urbanizada del país, donde menos probabilidades tiene una familia trabajadora de acceder a una vivienda y especialmente de ser propietario. Esa dificultad aumenta en varios sectores: las mujeres (especialmente las madres solteras y las que deben escapar de situaciones de violencia), los trabajadores inmigrantes, la población originaria y la comunidad LGBT+. La desigual distribución del problema habitacional en el país da cuenta del carácter sistémico que este problema tiene en el capitalismo semi – colonial argentino. El altísimo porcentaje de población urbana del país (entre el 90% y el 92% de la población nacional vive en ciudades. Infobae – 20-11-2019) remite al problema del trabajo: miles de personas llegan a la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y al Conurbano bonaerense en busca de un puesto de trabajo (y también del acceso a la educación), sea desde el interior de Buenos Aires, otras provincias u otros países de la región. Sin embargo, si bien es más posible conseguir trabajo en Buenos Aires que en el interior del país, la cosmopolita capital rioplatense tiene ofertas muy limitadas para su población: trabajos precarios, muchas veces informales, y mal pagos. Y obviamente, con un sueldo por debajo de la línea de pobreza es imposible acceder a una vivienda digna. Esto explica la proliferación de formas de alquiler informal y precario (hoteles, conventillos, cuartos de alquiler, etc.), especialmente entre los sectores más vulnerables arriba mencionados, así como la aparición de nuevos asentamientos y el crecimiento de los ya existentes.
Al día de hoy, la idea de acceder a una casa propia (es decir, ser propietario) ha desaparecido casi completamente de las perspectivas de la juventud trabajadora del AMBA. Son pocos, incluso, los que pueden contar con la posibilidad de heredar la casa de los padres, ya que en muchos casos estamos hablando de varias generaciones sin acceso a una vivienda propia. En la mente de los jóvenes porteños y bonaerenses lo que está más presente es conseguir un alquiler que no implique dejar de comer durante la mitad del mes para poder pagar, realidad que no se ha detenido con la tan festejada nueva ley de alquileres fernandista. Una ley ya de por sí magra, que no apuntaba a terminar con los millonarios negociados inmobiliarios para garantizar el acceso a la vivienda digna, se muestra por demás impotente ante las nuevas triquiñuelas y chanchullos encontrados por las inmobiliarias para cobrar cada vez más: contratos truchos con fechas pasadas, “aptos profesionales” para aumentar por arriba del monto estipulado, etcétera.
Lo mismo sucede con el “Plan nacional de suelo urbano” anunciado por el gobierno en mayo pasado y que se ha reflotado en los últimos días como respuesta a las tomas. Se trata de un proyecto de subsidio nacional a los municipios para la adquisición de terrenos municipales y su adecuación infraestructural (urbanización), para su posterior asignación (es decir, venta) a familias sin vivienda. Sin embargo, pareciera que el gobierno nacional se olvida que no alcanza con un lote, un par de metros cuadrados de “suelo”, para que una familia viva dignamente, hace falta una casa edificada encima de él, cuyos gastos correrían, obviamente, por cuenta de la familia. ¿Cómo accederá una familia que vive en condiciones precarias, o directamente en la calle, a comprar un lote y correr con los gastos de edificar una casa desde cero? No hay respuestas por parte del gobierno de Fernández.
Lo que queda claro con cada propuesta del kirchnerismo – fernandismo alrededor del problema habitacional es la negativa a tocar realmente el nudo del problema: las ganancias de las inmobiliarias y los grandes propietarios. Es que no hay forma posible de garantizar el acceso al derecho a la vivienda mientras las viviendas y el suelo mismo sigan siendo mercancías en manos de las inmobiliarias y los grandes propietarios. Lo mismo sucedió con el Plan Procrear durante la presidencia de Cristina: a partir de la entrega de créditos para la compra de lotes y la construcción de viviendas, ¡el precio del suelo se multiplicó en un 100%!
No es casual, tampoco, la campaña por la “defensa de la propiedad privada” lanzada por el Ministro carapintada Berni cuando comenzaran las tomas de tierras. Es esa propiedad privada (las de las inmobiliarias, de los grandes propietarios) el primer impedimento para garantizar el acceso de los sectores populares a una vivienda digna. Antes que tocar las ganancias de los multimillonarios, el gobierno de Kicillof prefiere hacer uso de Berni para reprimir las tomas y meter miedo en los barrios populares. Es que, con la llegada de la pandemia, la crisis habitacional latente no hizo sino recrudecer. La falta de servicios básicos y el hacinamiento, que cotidianamente llevan a millones de personas a vivir en las peores condiciones sanitarias, en medio de una pandemia se torna una cuestión de vida o muerte: tener agua potable y el suficiente espacio para aislarse puede ser la diferencia entre vivir o morir, como lo demostró la trágica muerte de Ramona en la Villa 31 a causa de las negligencias de Larreta y AySA. No es casual que los primeros focos de contagio en el AMBA hayan sido los barrios populares (la 31, la 1-11-14, la 21-24), como tampoco es casual que las primeras medidas del gobierno nacional y provincial hayan sido reforzar la presencia represiva en los barrios, como atestigua el caso de la militarización de Villa Azul en Quilmes – Avellaneda (otra medida ejemplar del Ministro Berni) e incluso la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, operada bajo la excusa de “romper la cuarentena”.
Sin embargo, el problema habitacional no puede ocultarse con medidas represivas ni con los rezos a la sagrada propiedad privada. Lo que la pandemia ha traído a primer plano es el nivel de barbarismo y irracionalidad que encarnan los negocios alrededor de la propiedad de la vivienda y el suelo en la Argentina. Sin embargo, el problema habitacional no ha empezado con la pandemia ni terminará cuando termine la misma. En primer lugar, porque la enorme depresión económica mundial que se vive desde el comienzo de las cuarentenas no tiene miras de terminar cuando termine la pandemia, sino que podría alargarse en la medida que no se cierra la crisis económica internacional abierta en 2008. En segundo lugar, porque la pandemia del coronavirus no es un evento único e irrepetible, sino que podría ser la primera de muchas enfermedades de tranmisión zoonótica debida a la devastación capitalista del medio ambiente. Y, en tercer lugar, porque esta misma devastación del medio ambiente podría producir problemas habitacionales enormes en todo el mundo, especialmente en zonas costeras como Buenos Aires, obligando a un reordenamiento de la ocupación habitacional del suelo.
Y es irracionalidad la palabra que mejor lo describe, porque mientras 3,5 millones de personas no tienen acceso a una vivienda digna, tan sólo en la CABA existen 138.000 propiedades ociosas, así como 17.000 propiedades destinadas al alojamiento turístico en plataformas digitales (Airbnb) que permanecen vacías. La propiedad privada, piedra angular del capitalismo y defendida a brazo partido por el gobierno fernandista, es la generadora de una enorme desigualdad estructural y sistemática que hace al sistema capitalista argentino, y que no puede cambiarse sin atacar las ganancias capitalistas. Para solucionar la crisis habitacional estructural que se vive en la Argentina, hace falta un plan de viviendas integral y de escala nacional, que garantice viviendas dignas para toda la población sobre la base de la confiscación de la propiedad ociosa, de la estatización y usufructo social de las propiedades de los grandes terratenientes y, especialmente, de terminar con el negocio inmobiliario que hace millones de dólares al año con la privación de miles de trabajadores del acceso a la vivienda. La vivienda debe ser un derecho, no una mercancía.
