Redacción de IzquierdaWeb.com
La crisis del Coronavirus tiene en vilo a millones de trabajadores en el país. Muchas patronales han aprovechado la cuarentena para dar no renovar contratos, suspender, e incluso anunciar despidos masivos, como es el caso de Techint. El decreto busca anticiparse a que los avances empresarios devengan en un estallido social incontenible, como lo dice explícitamente en sus fundamentos:
«Resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales».
Las patronales, desde hace días, vienen presionando para que se les de vía libre a, aprovechando la pandemia y cuarentena obligatoria, descargar la crisis sobre sus trabajadores. La presión social de trabajadores y sectores populares, que en su mayoría confían en el gobierno, obligó a Fernández a ensayar alguna respuesta a la situación, reflejada en el decreto firmado ayer.
El decreto establece que se prohíben «los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor» al igual que las «suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo». Entonces, quedarían sin efecto “los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° y primer párrafo del artículo 3º del presente decreto”.
¿Tan simple? ¿Si un empresario despide de todas maneras, poniéndose fuera de la legalidad establecida por este decreto, entonces el despido queda «sin efecto»?
Al no avanzar sobre la misma propiedad privada que hace posible despedir, los límites del decreto son evidentes. El régimen social capitalista vive en la carne de la propiedad privada, no en el alma de lo legislado. Si en la calle rige la ley del Estado, dentro de la empresa rige el poder absoluto, total, indiscutible, del patrón. Y en la calle misma, en los juzgados y dependencias públicas, tiene más poder el capitalista que los trabajadores.
Un encumbrado profesional en la gestión de la propiedad capitalista lo dice abiertamente: “Los despidos no se frenan por decreto en este contexto, es un locura pensar que eso se puede hacer. Se van a dar de hecho, solos, y serán informales en las empresas más chicas» dijo en Infobae Julián de Diego, abogado de algunas de las principales organizaciones empresariales del país, experto en todas las pequeñas maniobras que hacen posible que los patrones estén por encima de la ley mientras los trabajadores no tienen otra alternativa que someterse. Si los patrones no pueden despedir «sin justa causa» pueden inventar una «justa causa», y que un trabajador se pierda dos años en un juicio sin cobrar un peso mientras la empresa deja dormir una causa amparándose en su ejército de mercenarios chupa sangre llamados «abogados».
Si no pueden hacerlo «por fuerza mayor» lo hacen igual y ¿qué consecuencias tiene incumplir? Ninguna que se desprenda del decreto, que simplemente deja los despidos «sin efecto». Para poder hacerlo efectivo, debería avanzarse sobre la propiedad capitalista, cosa que el gobierno no está dispuesto a hacer. La única manera de hacer efectiva la prohibición de despidos es expropiando a todo el que incumpla.
Hay otros dos límites claros del decreto. Primero, es evidente que la ley no alcanza a los millones de trabajadores en negro, que se encuentran fuera de la protección de todas las legislaciones de derechos laborales conquistadas por el movimiento obrero en su historia. Segundo, el decreto no dice nada de los miles que ya fueron despedidos, consagrando así en los hechos como cosa legal y legitimada que ya haya miles de nuevos desocupados en Argentina.
La letra chica es que el decreto, en su artículo 3, plantea que “Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Esto habilita las suspensiones y despidos “pautados”, los llamados “retiros voluntarios”, que han sido por años una maniobra muy común para ocultar despidos porque, de nuevo, el poder absoluto en la empresa lo sigue teniendo el patrón.
El Artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, al que hace referencia el DNU establece: “Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las contribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661.”
Lo cual deja todavía un margen bastante grande para efectuar despidos “justificados” o “por causas de fuerza mayor no imputables al empleador” incluso en los marcos del decreto, sabiendo que las empresas siguen teniendo el poder efectivo fuera de sus limites.
Además, el decreto no dice, en el caso de los despidos “pautados”, cual debe ser el porcentaje de pago por indemnización, o el sueldo en caso de suspensiones.
Por último, el decreto no habla de qué hacer con las patronales que intenten rebajar los salarios, ni establece la prohibición de dicha maniobra. Es decir, «prohíbe» despidos por 2 meses pero a cambio habilita rebaja de salarios en los hechos.
La crisis sanitaria en curso ha agravado todos los índices económicos del país. Quién pagará los platos rotos de la crisis, será el resultado de una puja de intereses entre la clase obrera y las patronales. Los empresarios ya han puesto en funcionamiento los engranajes de su defensa: el propio poder de la propiedad privada, los medios de comunicación y su ejército de alcahuetes. Los sindicatos, en cambio, se ponen en evidencia como pocas veces antes: no han movido un dedo, entregando a los empresarios y el gobierno las llaves de toda la situación.
Alberto Fernández intenta ser el árbitro de la crisis (cosa que, hasta ahora, ha logrado) conteniendo el posible estallido de la situación porque los grandes capitalistas no están dispuestos a perder un sólo centavo luego de años y años de llenarse los bolsillos. La burocracia sindical le ha entregado atadas de pies y manos a las organizaciones obreras de manera tal que la administración de la crisis social quede exclusivamente en manos de los funcionarios del Estado y no puede caber ninguna duda de que, si dependiera de ellos, no moverían un sólo dedo ni para hacer efectivo el decreto del gobierno al que consideran propio.
