Carla Tog

Con la colaboración de Enrique Mosquera

 

La situación económica mundial viene marcada por la continuidad de la crisis del 2007-2008 y sus secuelas. A nivel mundial hay una ligera recuperación de la economía de Estados Unidos, una grave desaceleración de las economías emergentes entre ellas China y un estancamiento que linda con la recesión en la zona euro. En general, la economía mundial camina hacia un estancamiento de larga duración donde probablemente se alternen años de recesión con otros de crecimiento pero sin que se produzca para nada un nuevo despegue o boom capaz de borrar los efectos de la actual crisis. Ello significa que las políticas de austeridad y recortes continuarán de forma generalizada.

Por otra parte, la situación política mundial está llena de incertidumbres: las guerras inacabadas de Irak y Afganistán, el conflicto en Ucrania, la alta inestabilidad heredada de las revoluciones árabes que en gran parte han sido ahogadas con intervenciones militares de las grandes potencias. A nivel de la UE, la grave crisis que atenazaba a economías periféricas como la irlandesa, la griega e incluso la española, sin revertirse completamente, se ha trasladado al centro de las economías europeas, afectando a Francia, Holanda, Italia y Bélgica, e incluso a la economía alemana. Las medidas de rescate bancario no han erradicado la crisis del euro y han deteriorado en gran medida la confianza de los pueblos de Europa en la Unión y su moneda única.

Por su parte, la economía española atraviesa una ligera recuperación debido al incremento de la tasa de explotación alcanzado con las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno conservador de Rajoy y el PP. Se trata sin embargo de un crecimiento demasiado débil, que no revertirá las tasas de paro actuales ni mejorará las condiciones de trabajo.

Asimismo, este leve crecimiento se ha hecho con un altísimo coste político en cuanto al grave deterioro sufrido por las clases medias y trabajadora y un desprestigio consecuente de los apoyos que soportan al régimen político dominante. Son cada vez más tangibles, sobre todo a partir de la irrupción del movimiento de indignados que estalló el 15M de 2011, las evidencias de una crisis política y constitucional que pone en cuestión la legitimidad y los principales pilares de sustento del régimen posfranquista: el carácter monárquico del estado, el bipartidismo, las autonomías, el Estado de bienestar y la sujeción a la UE.

En este contexto, de continuidad y consecuencias de la crisis económica y de cuestionamiento y deslegitimación del régimen, surge, se explica y se desarrolla Podemos, el nuevo fenómeno que acapara miradas y simpatías en todo el mundo. El joven partido, que se ha convertido en el nuevo referente electoral para amplios sectores con la esperanza de que algo comience a cambiar, continúa primero en intención de voto y es muy probable que acceda a puestos de gobierno. Esto constituye toda una novedad que trastoca significativamente el escenario político y electoral. Es que por primera vez en más de treinta años de estabilidad del bipartidismo (de gobiernos de alternancia del PP y el PSOE) irrumpe una fuerza que no es parte del sistema tradicional de partidos. A su vez, el ascenso y consolidación de Podemos como partido político constituye una expresión distorsionada de ese malestar y descontento popular causado por la crisis económica y por las políticas de austeridad llevadas a adelante por el gobierno del PP.

Sin embargo, en su corto tiempo de existencia, desde su presentación a las elecciones europeas en las que consiguió cinco eurodiputados hasta su fundación como partido político, Podemos, bajo la dirección y hegemonía de Pablo Iglesias y su fiel equipo de escuderos, ha experimentado un claro giro a la derecha que ha diluido y enterrado el programa inicial (presentado en las europeas) y se va definiendo como un partido que, sobre la base de profundas modificaciones a nivel del régimen, apuesta a la “gobernabilidad”, llamando a confiar en los canales institucionales y a su posible transformación por la vía electoral y buscando según sus propias palabras, un nuevo equilibrio entre las clases.

Pablo Iglesias, el candidato presidencial de 2015, lanza un claro mensaje de que “el cambio” y las soluciones a los problemas más acuciantes no se conquistan con la movilización en las calles sino por la vía de los votos (a Podemos) y del parlamento (institución, que en palabras de Marx, opera como la junta que administra los negocios y cuida los intereses de la clase dominante; la burguesía y el gran capital).

Siguiendo este mensaje, la estructura del partido, el gran eco mediático con el que cuenta y sobre todo, la ilusión y simpatía que despierta en amplios sectores, (demostradas en la multitudinaria marcha del cambio del 31 de enero) no se ponen ni se han puesto al servicio de los trabajadores y sus luchas para que triunfen, no se ponen al servicio de una salida de ruptura que se proponga verdaderamente acabar con (y no reformar a) el podrido régimen heredado del franquismo, nacido con el Pacto de la Moncloa y hoy en crisis evidente. Todo indica lo contrario: se ponen a disposición de una campaña electoral que, por su contenido y programa, se orienta cada vez más a tímidos y superficiales cambios a nivel del régimen sin cuestionar su carácter de clase ni profundizar su deslegitimación aprovechando las grietas que abrió el 15M desde las calles. Podemos, que se reclama hijo del 15M, no lleva la indignación hasta sus últimas consecuencias sino que la filtra electoralmente.

Nos proponemos, entonces, comenzar analizando la situación económica y social, así como el desarrollo de la lucha de clases, que están en la base de los desarrollos políticos que venimos de describir. En segundo lugar, nos dedicaremos a analizar de manera pormenorizada el fenómeno de Podemos: cómo surgió, cuál fue su evolución ulterior y qué refleja por debajo del descontento que comenzó a abrirse paso con los indignados. Finalmente, sustentaremos una polémica con la principal organización de la izquierda revolucionaria española, Izquierda Anticapitalista, y avanzaremos algunos elementos programáticos para una salida revolucionaria a la crisis del Estado Español.

 

1.1 Una frágil “recuperación” que no devuelve el Estado de bienestar ni la estabilidad política

A modo de mensaje de fin de año, el pasado 26 de diciembre Mariano Rajoy convocó a rueda de prensa desde la Moncloa. En ella ofreció un balance del año que se iba y auguró las perspectivas para el que llegó diciendo: “2012 fue el año de los ajustes; 2013, el de las reformas; 2014, el de la recuperación, y 2015 será el del despegue de nuestra economía. Todos los indicadores de nuestra economía señalan que hemos pasado lo peor”. Asimismo anunció un aumento del 0,5% de las pensiones y del salario mínimo interprofesional (SMI), a la vez que defendió la “estabilidad institucional”, el bipartidismo y ratificó el rumbo de su política austericida de ajuste y recortes.

Días después, el INE (Instituto Nacional de Empleo) daba a conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2014, subrayando que el paro bajó en 477.900 personas con respecto a 2013, un 8% menos, al registrar su segundo descenso anual consecutivo. Además, el empleo creció en 433.900 personas, un 2,5%, lo que supone su primer aumento desde 2007. De esta forma, 2014 cerró con 17.569.100 ocupados, su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2012, y 5.457.700 parados, lo que situó la tasa de desempleo en el 23,7%, dos puntos menos que al finalizar 2013, un 25,7% (Europapress, Madrid, 22-1-15).

Efectivamente, si dejamos que las cifras hablen por sí mismas se observa una leve “recuperación” en lo que hace a la disminución del paro y el aumento del empleo. Pero estas cifras y las palabras altisonantes esconden otra dura realidad.

En primer lugar se esconde la calidad y el tipo de empleo que se crea, ya que ese trabajo “nuevo” es en general precario, temporal y de tiempo parcial. Es la consecuencia de su reforma laboral, beneficiosa sólo para los empresarios y sus políticos amigos, que han llevado a la destrucción del mercado laboral, a la precarización de las condiciones de trabajo y a la pérdida de derechos laborales. De ahí que la recuperación de la que habla el gobierno tenga patas cortas: por una parte, ya que se trata de una recuperación precaria, sobre la base de condiciones laborales muchísimo peores que las anteriores a la crisis; por otra parte, ya que su mismo carácter precario hace a su inestabilidad, al hecho de que no refleja una recuperación de fondo de la economía española.

La situación general que predomina no ha cambiado; conseguir un trabajo sigue siendo una odisea y si se obtiene uno, por milagro o por contacto de familiares o amigos, lo más probable es que dure poco, sea de media jornada y se cobre mal. Y si es indefinido, ya sea de media o de jornada completa, tampoco se sabe cuanto puede durar, ya que la posibilidad del despido “facilitado” con los ERES está a la orden del día. Y ni hablar de los contratos basura donde se firma por 6, 10 o 15 horas semanales, pero se trabajan 12, 20 o 30 y se cobran en negro y así se cotiza lo mínimo y los patrones se benefician ahorrándose las cargas sociales. Por otro lado el empleo de mayor calidad –afiliados al régimen general de la Seguridad Social con contrato indefinido a tiempo completo– apenas supuso un 4% del aumento de la ocupación en el último año. Además se trata de un descenso del desempleo que no refleja tampoco la realidad porque mucha menos gente se inscribe en el paro ya sea por cansancio o descreimiento o por el simple hecho que ha emigrado del país en busca de un trabajo.

Tampoco se dice que desde la reforma del sistema en 2013 la protección a los parados viene bajando de manera generalizada cayendo a niveles de hace una década. Según los propios datos presentados en enero por el Ministerio de Empleo, el fin del derecho a la prestación y los recortes reducen la tasa de cobertura al 57,88%.

Con respecto al empleo, España fue el país europeo que más empleo destruyó desde el inicio de la crisis en el 2007. Según un estudio de la consultora Ernst & Young (EY) difundido por el diario alemán Die Welt, en España la crisis eliminó 3,3 millones de puestos de trabajo, un 16% de los que existían hace siete años; en Grecia, un millón, lo que implica la desaparición de un 23% de los empleos que había en 2007; en Italia, 871.000, y en Portugal, 570.000.

En lo que hace al salario, el último informe del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa del 23 de enero de este año concluyó que la situación en España es tal que “el salario mínimo de los trabajadores del sector privado no garantiza un nivel de vida digno”situación extensible también a “la plantilla contratada en la función pública”. El informe sostiene además que en España la jornada laboral puede exceder las 60 horas semanales en algunas categorías de trabajadores y que el Estatuto de los Trabajadores no garantiza un incremento de la remuneración o del tiempo de libranza por las horas extras.

Pero además, la frágil recuperación no significa el fin de la austeridad eufemísticamente denominada política de reformas. Rajoy fue categórico a la hora de defender (no justificar) los recortes y las reformas (la laboral sobre todo) y de mostrar un férreo convencimiento en profundizar su curso, ya que es “lo que hay que hacer” para corregir el déficit público, solventar las deudas y hacer el país más competitivo, y sentenció que “estas medidas no son populares, sí, pero lo que no es discutible es la necesidad de reducir el gasto y aumentar los ingresos y dar credibilidad al mundo siendo un país serio”Reducir gastos, para Rajoy y para los defensores de la austeridad, significa lisa y llanamente dejar a los españoles sin una salud y una educación universales, problemas que ellos no padecen porque sus hijos y sus nietos se educan en los mejores colegios y se curan en los mejores hospitales privados.

Lo que fue un cierto Estado del bienestar español (bastante débil si lo compamos con el de Suecia o Alemania) no volverá con esta frágil recuperación. Pero con él parecen haberse marchado también otros elementos ya no económicos sino netamente políticos como la alternancia nunca rota en el gobierno entre PSOE y PP (bipartidismo) y el apoyo popular al régimen salido de la transición y su Constitución de 1978.

La demostración más palpable de todo ello la tenemos en los últimos resultados de las encuestas electorales donde Podemos se coloca en primer o segundo lugar en intención de voto, desbancando al PSOE y destrozando literalmente a IU.

No es pues extraño que Rajoy haga en sus discursos una firme defensa del bipartidismo y de la estabilidad institucional: “La labor reformista del gobierno fue posible gracias a la estabilidad política e institucional, por eso defendemos que la estabilidad es una virtud que hace avanzar a las personas y a las empresas. …España, desde que aprobamos la Constitución en 1978 es una nación en la que han gobernado grandes fuerzas políticas […] algunas veces se gobernó con mayoría, otras se gobernó en coalición…Y durante toda esa etapa en la historia pues España fue, lo he dicho ya en algunas ocasiones, uno de los cuatro países del mundo donde más aumentó el bienestar de los ciudadanos”.

Asimismo dijo que no podía finalizar su balance de fin de año sin hacer mención a la “manera modélica en que se produjo en 2014 el relevo en la jefatura del Estado (…). Quiero reconocer a Don Juan Carlos su entrega para con los españoles durante todos estos años y felicitar a Don Felipe por su desempeño en sus primeros meses”. Y finalizó cínica y demagógicamente felicitando por igual (como si fueran y trabajaran por lo mismo) al rey saliente, al hijo entrante y a los trabajadores de la sanidad que “supieron hacer frente al ébola”.

Una canallada comparar a los parásitos corruptos Borbones, herederos del franquismo, con los heroicos trabajadores de la sanidad y con las compañeras y compañeros de la valiente Teresa Romero, que le pusieron el cuerpo al virus y claramente dijeron que toda la responsabilidad de la crisis del ébola le cabe íntegramente al gobierno, que con sus políticas de recortes está destruyendo la sanidad pública dejándola en un estado lamentable. Y cuando el gobierno hipócrita del PP por medio de su Consejero de Sanidad –es decir, el ministro a nivel autonómico– culpabilizó a la propia Teresa Romero de haberse contagiado ella misma al “tocarse sin querer” la cara con un guante al quitárselo, la respuesta de los compañeros de la sanidad fue contundente y acompañada por la mayoría de la población: “Claro que me toco la cara. Si me tocara los cojones, sería consejero de Sanidad”. Otro ejemplo cruel y vergonzoso de esta realidad es lo que ocurre con los enfermos de hepatitis, obligados a ocupar hospitales y salir a la calle a manifestarse y reclamar por el derecho a recibir la medicación, que gracias a los recortes de Rajoy no hay.

En síntesis, su mensaje hacia las elecciones se centró en la reafirmación del curso de su política de ajustes y en la defensa del Regimen surgido con la Constitución del 78, un régimen nacido del pacto entre la monarquía designada por Franco y la burguesía española con acento vasco, catalán, gallego etc. Un régimen nacido para frenar la ofensiva obrera y popular que se levantaba implacable dándole cada vez menos margen a la dictadura franquista.

La defensa del régimen nacido de la Constitución y su negativa a reformar ésta es uno de los lemas del actual gobierno. El PSOE habla de reformarla, pero manteniendo su esencia, y Podemos es el único que agita con acabar con el régimen del 78. Tiene que haber alguna razón para estas diferentes posiciones; para entenderlas y enmarcarlas conviene que repasemos los orígenes y bases políticas de este régimen que hoy parece agonizar.