Patricia Pérez
Los delirantes golpistas hondureños publicaron en los diarios que los gobiernos comunistas de Chávez y Zelaya se proponían estatizar a los niños. Si esta vieja idea de que los comunistas le expropian los hijos a la gente se propagó alguna vez para provocar el horror de las buenas personas, apostamos a que hoy cualquier medida en ese sentido sería recibida con un gran aplauso por muchísimos niños del tercer mundo, necesitados desesperadamente de que la sociedad encuentre el modo de hacerse cargo de ellos.
Uno de los éxitos del capitalismo ha sido lograr que la reproducción de la fuerza de trabajo siga siendo realizada como trabajo esclavo por la mujer. Lo logra mediante una enorme presión cultural, y quitándole a la mayoría de las mujeres la posibilidad de independencia económica. Sobre esta base de desigualdad se instituye la familia. Pero cuando la crisis arroja a la miseria a capas cada vez mayores de trabajadores, con sus secuelas de descomposición social, violencia y abandono, esta desigualdad se vuelve la base del femicidio que recorre el planeta.
La familia se ha vuelto el lugar más peligroso del mundo. Esto quiere decir que, salvo situaciones de guerra, más personas son agredidas dentro de su casa por un miembro de su familia que por un extraño en un sitio público. De estas personas, 78% son mujeres y 18% niños.
Sin embargo, la ofensiva en defensa de la familia, contra los derechos de las mujeres y las minorías sexuales, liderada por la iglesia y sectores de la derecha política, va trascendiendo el ámbito de las misas y pasando a la lucha política directa[1]. Acuciado por la crisis mundial, el capitalismo intenta disminuir los gastos del Estado (empezando por el que tuvo que hacer en Latinoamérica para contener las rebeliones de comienzos de siglo) trasladando la responsabilidad por los efectos sociales de la crisis desde el Estado al ámbito privado, a la familia, así las lacras de la descomposición social, en vez de costar dinero, costarán sólo la vida de los más débiles y la ruina física y psicológica de los demás.
Los gobiernos progres de Latinoamérica facilitan esta operación. Sus políticas sociales no han modificado en nada la situación de las mujeres en la sociedad. La reactivación económica, mientras duró, no las sacó de la desocupación o el trabajo informal y peor remunerado; el derecho al aborto les fue negado y las políticas de salud reproductiva no han tenido efecto sobre la cantidad de muertes por aborto clandestino; los mecanismos policiales y judiciales se han demostrado absolutamente incapaces de combatir o prevenir la violencia contra las mujeres; ninguna estadística mide la desocupación de las mujeres; ningún plan de trabajo o vivienda las tiene como objetivo preferencial, y ningún plan estatal significativo incluye la creación masiva de guarderías.
Y en tanto no surja un movimiento de lucha de las mujeres capaz de imprimir su sello propio en el movimiento obrero y popular, las cosas seguirán así.
[1] Además del recrudecimiento de la cruzada mundial contra el derecho al aborto, en Argentina los obispos la han emprendido contra la educación sexual pública tibiamente impulsada por el gobierno, por considerarla “neomarxista y basada en el concepto de género”. Además, invadieron con cientos de militantes católicas los talleres sobre Anticoncepción y Aborto del último Encuentro Nacional de Mujeres, con la complicidad de las dirigentes de ese evento (militantes del estalinista Partido Comunista Revolucionario, aliado a la iglesia y la Sociedad Rural). Católicas y estalinistas fueron arrojadas de los talleres a patada limpia por las participantes del Encuentro.
