Xavi Posets
El Estado Español se enfrenta a 120 brotes activos de Covid que afectan a 2.139 personas, con 4.297 positivos en los últimos 7 días, según datos del 14/07/2020 [1]. Tras el desconfinamiento, la llegada de la “nueva normalidad” y la del verano, el virus vuelve a propagarse, esta vez afectando principalmente a capas sociales más jóvenes, inferiores a 50 años.
La mayoría de gobiernos municipales y territoriales aseguran tener la propagación vírica bajo control. El principal miedo que tienen es la vuelta a un confinamiento severo que supondría el cierre de negocios en plena temporada de turismo y “recuperación” post Covid.
En comunidades autónomas como Catalunya, Aragón, Murcia, Andalucía y la Rioja se empieza a obligar el uso de mascarillas por la calle. Sin embargo, las zonas más preocupantes son el Segrià en Catalunya y Huesca y Zaragoza en Aragón, donde se retrocedido en el plan de desescalada. Los rebrotes de ambos sitios se deben especialmente a las pésimas condiciones de explotación laboral que mantienen las empresas agrícolas y cárnicas, siendo los trabajadores migrantes no regularizados las principales víctimas del virus.
También destaca Hospitalet, Barcelona, donde se vuelve a reflejar el componente social del virus, centrándose en capas sociales hacinadas y precarizadas.
El Segrià y los campos de explotación inhumana
Los últimos datos (14/07/2020) nos dejan 2.327 nuevos casos confirmados durante la última semana en Catalunya. De estos, 787 en el Segrià. 129 pacientes están hospitalizados por Covid, 12 de ellos en UCI. De los brotes iniciales, la gran mayoría surgieron de empresas agrícolas, que mantienen unas condiciones de explotación inhumanas y sin proporcionar medidas de higiene, por lo que no contagiarse se vuelve un milagro.
Los trabajadores de estas empresas son un su mayoría migrantes sin papeles. Las empresas se aprovechan de su condición administrativa irregular reglamentada por la racista ley de Extranjería para conseguir mano de obra barata. No es nada nuevo, de hecho es el modus oparandi de muchas empresas agrícolas. La situación se vuelve especialmente macabra en las campañas de recolección de cada año, donde miles de temporeros sin papeles son contratados de forma temporal y mal pagados. Muchos, al no tener más ingresos que lo poco que ganan en estas campañas, no se pueden permitir pagar un alojamiento y acaban durmiendo en las calles, sin higiene ni salubridad.
Ante la subida de casos, la semana pasada Salut montó un hospital de campaña al lado del Hospital Arnau de Vilanova como medida para evitar el colapso. Sin embargo, la escasez de personal sanitario puso entre la espada y la pared a la administración. La retirada de todos los cuerpos de emergencia por la desescalada dejaba una plantilla reducida debido al bajo sueldo, que prefiere buscar empleo en Aragón.
El Govern de Quim Torra se ha mostrado atento una vez destapado el rebrote, buscando hacer de la gestión de la pandemia una victoria frente a la del gobierno central. Por ejemplo, Catalunya ha sido el primer territorio en ser obligatorio el uso de mascarillas. Frente a la crisis de Lleida, el Govern aprobó de forma precipitada el confinamiento perimetral de la zona y el lunes se aprobó el confinamiento “total” – pudiendo salir de casa para ir al trabajo, a la escuela, a bodas o velatorios con aforos limitados, ir a supermercados, tiendas de alimentación y farmacias, etc. – y la vuelta a la fase 0.
El juzgado de Instrucción número 1 de Lleida se negó a ratificar las medidas de confinamiento aprobadas por la Generalitat, sacando a relucir la ineficacia burocracia de la centralización en este caso. Finalmente el President y la Consellera de Salut Alba Vergés aprobaron ayer un decreto-ley que establece el marco jurídico para aplicar las medidas del confinamiento, en principio para los próximos 15 días.
Como vemos, ninguna de estas medidas van a la raíz del problema. El sistema sanitario sigue sin tener suficientes recursos para detectar y hacer un seguimiento de los casos, ni personal que pueda enfrentar otra ola de contagios. A esto, recordemos que Torra pagó casi 48 millones a la Sanidad Privada en medio de la pandemia. Frente a las condiciones inhumanas de explotación, ha “reclamado” a las empresas el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene.
Su campaña se basa en la responsabilidad individual, de lavarse las manos, usar mascarillas, respetar la distancia social… y oculta la responsabilidad administrativa, la de detectar casos de forma masiva, hacerles el seguimiento y aislamiento y obligar a las empresas a cumplir las normas de salubridad. También debería garantizar una cuarentena para los trabajadores, y que éstos no tengan que romperla para conseguir algo que comer, si bien la responsabilidad de esto recae principalmente sobre el Gobierno, que se lava las manos.
Aragón y las empresas cárnicas
La comunidad de Aragón está teniendo un ritmo de propagación del virus comparable al del inicio de la pandemia, en marzo. Ayer martes se detectaron 83 nuevos positivos, el 91.5% en la provincia de Zaragoza. Desde la última semana se han detectado un total de 500 casos en la comunidad. Se teme por una ola de hospitalizaciones, la cuales se encontraban ayer en 37, triplicando el ritmo hasta entonces.
La propagación actual es comunitaria y descontrolada. Y si miramos unos días atrás, vemos el mismo patrón que en Lleida: los rebrotes aparecen principalmente en trabajadores migrantes precarizados; concentrando el 40% de los rebrotes de Aragón. Las empresas alimentarias, especialmente los mataderos por sus jornadas laborales a bajas temperaturas.
La patronal no ha tardado en responsabilizar a sus trabajadores, acusándoles de hacer botellón y contagiarse fuera del trabajo. Mentiras que ponen en el punto de mira al colectivo migrante, estigmatizándolo y dando pie a ataques racistas. El contagio es consecuencia de las condiciones de hacinamiento y antihigiénicas en las que se ven obligados a vivir unos trabajadores al ser tratados como mano de obra barata, y de las nulas medidas de seguridad y salubridad de estas empresas.
El Gobierno de Aragón ha implementado desde hoy la fase 2 “flexibilizada” en Zaragoza y su área de influencia, así como en la ciudad de Huesca. No habrá franjas horarias ni restricciones a la movilidad, pero sí límites en los aforos de los establecimientos y reuniones. «La clave está en mantener unas condiciones de seguridad en nuestras vacaciones” declaraba la consejera de Sanidad Sira Repollés, remarcando la importancia de mantener la responsabilidad individual.
La gestión del Gobierno de Aragón, en la sintonía general, no pretende acabar con la producción de nuevos rebrotes, sino aflojar la propagación del virus en el equilibro justo para no perturbar demasiado una economía en plena recesión. En definitiva, unas medidas tibias donde descontrol de contagios es la nueva realidad.
Hospitalet en el punto de mira
En la ciudad más grande del extrarradio de Barcelona, la segunda de Catalunya, se han contabilizado 300 nuevos casos. Actualmente la difusión se trata de comunitaria según los expertos.
El Ayuntamiento ha cerrado espacios públicos y pistas deportivas, ha pedido refuerzos en los sistemas de detección del virus y más control policial. Ha aislado a las residencias de sus visitas y ha insistido en la responsabilidad del individuo, recomendando salir de casa solo para trabajar o comprar.
Los rebrotes se concentran notablemente en la población migrante. De nuevo, el problema está en la precariedad laboral y las malas condiciones de vivienda, que suponen hacinamiento e imposibilidad de aislarse, y donde la densidad de población de la zona es de las más altas de Europa. Y se le suma las fallas en el sistema de control, en gran parte por la falta de recursos como los llamados rastreadores.
Por una alternativa para la clase trabajadora
Si bien la primera oleada del Covid-19 se centró en las residencias de ancianos y en la clase trabajadora en general, los nuevos rebrotes se encarnizan especialmente en los sectores de la clase trabajadora más explotada y precarizada. Un hecho que se vuelve sistemático y global. Ejemplo de ello son los rebrotes en industrias cárnicas de Alemania y Singapur, donde los trabajadores también son migrantes y por ello arrojados a la máxima precarización.
Las gestiones de los diferentes gobiernos se encuentran limitados por los intereses de las patronales, por lo que acaban centrándose exclusivamente en la responsabilidad individual. Mientras, perpetran las condiciones de precarización que avivan el virus, sin tener los medios suficientes para contrarrestarlo – para ello sería necesario la expropiación sin coste de la Sanidad Privada, y la inversión masiva en el sistema público a costa de impuestos a las grandes fortunas y la expropiación de la monarquía.
La situación vuelve a temerse dramática, sobre todo para la llegada del frio, y se hace necesario un cambio de rumbo para que la crisis sanitaria – y económica – no la paguemos la clase trabajadora. Por eso apostamos por la creación de comités de higiene entre los trabajadores, que antepongan su salud al beneficio del patrón. Apostamos por la puesta en marcha de toda la solidaridad entre las luchas vigentes, la de Regularización Ya con la lucha sanitaria, la laboral de Nissan, Alcoa, etc. Y la organización para confrontar, en los puestos de trabajo y las calles, a la nueva oleada de contagios, despidos y recortes.
