Erica Sisa
El pasado jueves 1 de marzo el Partido Popular llegó a un acuerdo con Vox para gobernar el próximo mandato del gobierno de Castilla y León. El acuerdo de legislatura deja a Alfonso Fernández Mañueco, líder de los populares en CyL, como presidente, y a Juan García-Gallardo, líder regional de la extrema derecha, como vicepresidente. Además, el partido de Abascal ha conseguido tres de nueve consejeros y la presidencia de las Cortes castellanoleonesas, la cual será ocupada por Carlos Pollán.
Este acuerdo es justo el que exigía el líder de Vox ya que era el mismo acuerdo de la anterior legislatura de PP con Ciudadanos, cuya representación se ha visto sustituida por los de extrema derecha.
Tanto Pablo Casado, cuyos resultados en CyL han precipitado su despedida del liderazgo del PP, como el líder europeo del partido han mostrado su desagrado por entrar en un gobierno con Vox, lo que ven como una “capitulación de los partidos democráticos”. Y es que hasta ahora los populares habían tratado a Vox como aliados externos, como en el caso de Andalucía o Madrid.
Por su parte, Feijóo, próximo líder del partido azul ha dado su aceptación de forma incómoda, a la par que ha responsabilizado al PSOE del acuerdo, al no querer pactar con los populares.
Más allá del reparto de sillones, el acuerdo también ha tenido repercusiones directas en las políticas del nuevo Gobierno. Mañueco anunció, el mismo día, las políticas que van a tomar nada más empezar la legislatura:
- Eliminar leyes contra la violencia machista y cambiarlas por leyes contra la “violencia intrafamiliar”. Así, los populares han comprado un término empuñado por la extrema derecha en un avance innegable contra los derechos de las mujeres.
- Promover “una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”, preparando así un ataque contra el colectivo migrante y echando más leña al discurso de odio contra estos “refugiados de segunda”.
- Reducir los impuestos autonómicos, haciendo una rebaja fiscal focalizada en “pymes, autónomos y familias”, lo que seguramente se traduzca en bajar la recaudación a aquellos que más tienen.
Estas políticas significan un viraje definitivo hacia la ultraderecha de parte del PP y un peligro inminente para las mujeres, los migrantes y la clase trabajadora en general.
Las mujeres no podemos permitir que nuestra lucha de décadas por el reconocimiento de la violencia de género y los derechos que hemos ido ganando, sean puestos en cuestión primero por Vox, un partido abiertamente antifeminista, xenófobo, centralista y ultranacionalista, y también por el PP, que ha pasado del postureo de decir que lucha contra la violencia machista, a cederle a la ultraderecha su política de género con tal de obtener un pacto para formar gobierno.
En estos momentos ambos partidos están negociando las tres consejerías que le corresponderían al partido de Abascal, de las cuales ya estarían prácticamente acordadas las de Agricultura y de Juventud, y muy probablemente se termine dividiendo la de Economía y Hacienda para cederle la de Hacienda a Vox y contentarlos en su demanda de obtener una “gran consejería, que sea económica y a la vez política”.
El peligro de la ultraderecha en el poder, y el de la derecha que no duda en claudicar los derechos de los de abajo para garantizarse su pacto de gobierno, hacen urgente una unidad en las calles del movimiento de mujeres, de las organizaciones de migrantes y de trabajadores, y de toda la sociedad movilizada que no permitirá que avancen en el retroceso de nuestros derechos.
