La propuesta lanzada por Frank Torres, responsable de las operaciones industriales de Nissan Motor Ibérica y vicepresidente ejecutivo de Nissan en Rusia, es una estratagema pero a la vez una victoria de la lucha de los trabajadores de Nissan. La plantilla de Montcada lleva más de 80 días en huelga, y le siguen de cerca las plantillas de las otras plantas amenazadas por el cierre, San Andreu y Zona Franca. Esta huelga no solo para completamente la producción de sus plantas, sino que ha conseguido bloquear la planta de Nissan en Reino Unido y pronto lo hará con la de Renault en Palencia.
Si la dirección empresarial esperaba tener un cierre rápido y sin complicaciones para finales de año, la fuerza y tenacidad de las y los trabajadores de Nissan obligan a la patronal a aflojar la cuerda. Sin embargo, “no suelta la cuerda”. Se trata de posponer el problema, no darle solución, a cambio de volver a la producción. Es una trampa más para la defensa de los puestos de trabajo.
A la empresa se le hace «imprescindible llegar a un acuerdo», en palabras de Torres. Concretamente acordar el ERE que está planteado para 2525 trabajadores, con un plazo límite de negociación para este mes. Por tanto, la dirección busca con la promesa de no cerrar hasta junio de 2021 abaratar los despidos mediante ERE, y de paso romper la ya histórica huelga.
Frente a esto, el comité de empresa sigue defendiendo los puestos de trabajo, y se niega a negociar mientras se mantenga el ERE. «Queremos mostrar nuevamente nuestra voluntad de negociar, pero nunca en el marco de indefensión y amenaza que nos da el ERE presentado». Los representantes buscan garantizar los puestos de trabajo y no se cierran a negociar con una empresa que dice estudiar opciones de reindustrialización. Las reuniones, junto con el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat como mediador, seguirán el próximo martes 28 de junio.
No obstante, la dirección de Nissan se ha caracterizado por promesas falsas y puñaladas a sus trabajadores. Recordemos que la empresa ha recibido, desde 2004, 222 millones de euros de las arcas públicas estatales y catalanas a cambio de no cerrar. Pero en 2019 presentaron un ERE para 600 trabajadores, y ahora el cierre ha dejado de ser hipotético.
El mantenimiento de los puestos de trabajos no vendrá de la mano de las Administraciones públicas – que ya han demostrado su ineficacia -, ni de la patronal que es la que desea el cierre. La alternativa vendrá, como ya se está demostrando, de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Nissan, junto con las de otras empresas relacionadas que se verían afectadas (como la subcontrata Acciona). La defensa de los puestos de trabajo pasa por seguir la huelga, ocupar las plantas como medida física para evitar la fuga de materiales y la búsqueda de una alternativa de reindustrialización sostenible con producción bajo control obrero y al servicio de las necesidades sociales.
