Xavi Posets
El Gobierno español declara ilegal el despido provocado por la crisis del Coronavirus y la extinción de contratos temporales por decreto ley.
El Gobierno aprobó este viernes en su Consejo de Ministros la prohibición de los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor provocados por la crisis de la pandemia, así como la extinción de contratos temporales. Así lo ha anunciado la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, en la posterior rueda de prensa, a pocos días de que representantes de CCOO y UGT denunciaran la ola de despidos, de un millón de trabajadores, con razón del COVID-19.
“No se puede despedir porque hemos puesto los mecanismos legales y los recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES). No es necesario despedir a nadie en nuestro país.” declaraba Yolanda Díaz. La otra opción sería un despido improcedente que obligaría a la empresa a pagar una indemnización de 33 días por cada año trabajado (la del despido procedente sería de 20 días), y en caso de llevarse a los tribunales, un juzgado podría decretar despido nulo, obligando el reingreso del trabajador/a.
Esta medida paliativa para los trabajadores llega tarde, a dos semanas de la declaración del estado de alarma, y con mecanismos que eximen al empresario de pagar. Según El País, hasta el jueves 26 se han procedido a unos 200.000 ERTEs, suspendiendo de empleo a unos 1,5 millones de trabajadores. Esta medida no se aplicaba hasta entonces a los casos de extinción de trabajo temporal, y mucho menos a los que subsisten con contratos super-temporales. Hay que tener en cuenta que, según CCOO, el 27% de los contratos en España son temporales, la mayor ratio de toda la UE.
Para la derecha liberal y ultraliberal esta medida es “el mayor ataque contra la propiedad privada de toda la historia democrática”, en palabras de un diario digital de lo más rancio. Inés Arrimadas de Ciudadanos o Iván Espinosa de Vox no han dado tiempo a mostrar su ala antiobrera: “[…] para preservar el empleo hubieran suspendido el pago de impuestos y cotizaciones sociales estos meses. Ahora no habrá despidos, sino algo peor: quiebras con despidos.” twiteaba éste último. El PP, también en la misma línea, afirmaba que la medida “es la típica medida intervencionista que finge proteger y solo empeora: lleva a empresas asfixiadas por el cierre a tener que cesa negocio y echar a todos, en vez de alguno”. Pretenden imponer medidas ultraliberales sin dar cuenta que la actual posición del Gobierno ya es favorable al empresario.
Qué son los ERTEs
Aunque esta medida ya existía previamente al COVID-19, el 17 de marzo el Gobierno lanzó nuevas condiciones con motivo de la crisis. Un ERTE por Coronavirus supone la suspensión temporal de empleo, donde la empresa no tiene que pagar ninguna indemnización por despedir y el trabajador pasa al paro: recibe la prestación por desempleo. Esta prestación no consume paro y es del 70% de la base reguladora (media de la base cotizada de los últimos 180 días). Las personas que no hayan cotizado suficiente para recibir el paro igualmente recibirán la prestación, que será de 1098 – 1502€ para una jornada completa, 1412 – 1671€ si se tiene hijos. El 25% de la seguridad social correrá a cuenta de la empresa si está tiene más de 50 empleados indefinidos. Y la empresa no podrá despedir a los trabajadores expedientados hasta en un periodo de 6 meses después de la vuelta a la normalidad.
Resumiendo: las empresas pagan poco, si son grandes, o nada mientras las y los trabajadores percibirán una disminución de su salario y el Estado asume casi todo el gasto de estos despidos temporales, en el contexto de una crisis sanitaria y económica donde el presupuesto de Sanidad no da para abastecer de EPIs (Equipo de Protección Individual) al equipo sanitario, que de momento ya cuenta con 10.000 sanitarios infectados. Una medida que mira más por el cuidado de la economía de las empresas que de la salud e la clase trabajadora. El presupuesto, una vez más, va destinado a apoyar a empresas con enormes beneficios. Una vez más, la crisis la pagamos los de abajo.
Pongamos algunos ejemplos. Inditex anunció un ERTE a 25.000 trabajadores si el estado de alarma se prolonga hasta más allá del 15 de abril. Mientras tanto, muchos trabajadores temporales ya han sido avisados de que sus contratos no van a ser renovados (y tampoco van a tener derecho a ERTE). Los beneficios en 2019 fueron de 3.639 millones de euros. Ahora bien, hay que agradecerle a Amancio Ortega su donación de 300.000 mascarillas. El Corte Inglés, en la misma línea, donaba toda la ropa de cama para el Ifema y dos días más tarde, anunciaba un ERTE para 26.000 trabajadores. Su beneficio el año pasado fue de 258 millones de euros. Y la lista de grandes empresas continúa: Ikea (1.817 millones de euros de beneficio y un ERTE para 6.000 trabajadores), H&M (1.270 millones de euros de beneficio y 6.000 trabajadores), Renault (2.900 millones de euros y 11.650 trabajadores), IAG (Iberia, Vueling) (1.715 millones de euros y 17.700 trabajadores), Ryanair (1.020 millones de euros, 1.500 trabajadores), Fnac (626 millones y 1627 trabajadores).
El uso de los ERTEs es abusivo y amenaza con retardar la prestación por desempleo a los que ya estaban desocupados, debido a la saturación de los servicios públicos de empleo. Frente a eso el Gobierno ha simplificado los trámites que la empresa debe hacer para expedientar, siendo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quien gestiona estas suspensiones. También se guardan mecanismos para denegar los ERTEs, como ha hecho la Generalitat catalana contra la clínica Dexeus, un importante consultorio médico privado con beneficios millonarios, y empresas de alimentación con contratos públicos.
En definitiva, las medidas que tomó ayer el Gobierno de Pedro Sánchez llegan tarde y están complementadas con mecanismos que permiten a las empresas evadir el pago de esta crisis capitalista – provocada por la explotación sin planificación de la naturaleza, los ajustes y recortes y la gestión bajo la lógica del beneficio económico – cuyo peso cae, en última instancia, sobre la clase trabajadora y en especial a las trabajadoras sanitarias.
