Ale Quelcom y Xavi Posets
El pasado domingo 24 de marzo, 60.000 personas se manifestaron en el pueblo navarro de Altsasu para reclamar justicia y libertad para los siete jóvenes en prisión –tres de ellos ya llevan dos años y medio-, dos semanas después de que la Audiencia Nacional ratificara las penas de prisión de entre 2 y 13 años por el caso Altsasu.
La manifestación marchaba tras la pancarta con el lema “No es justicia. Altsasukoakaske (Libertad para los de Altsasu)”. Le seguían las fotos de los ocho encausados y grandes letras formando la palabra “Justizia”, igual que en movilizaciones anteriores. En esta ocasión, sin embargo, se vieron más esteladas y pancartas, sobre todo de Catalunya, aunque también de otros lugares del Estado como Asturias o Madrid.
Una gran ola de solidaridad inundó las calles de Altsasu: retenciones de cerca de diez kilómetros para llegar al pueblo, sesenta convocatorias de autobuses procedentes de diferentes lugares de Navarra y el resto del Estado… multiplicando así la población de Altsasu por ocho.
El caso Altsasu se remonta al 15 octubre de 2016, cuando se produjo una pelea en un bar de la localidad entre un grupo de jóvenes y dos guardias civiles de paisano con sus respectivas parejas. La trifulca acabó con el tobillo de un guardia civil roto. La versión oficial presentaba una emboscada tendida a dos agentes de la Guardia Civil de paisano, que eran agredidos hasta por cincuenta abertzales (relativo a la izquierda independentista vasca). La versión de los vecinos era distinta. “Ni emboscada, ni paliza, ni kale borroka. Estamos siendo víctimas de un montaje policial”.
El 19 de octubre, COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco) llevó el caso a la Audiencia Nacional –antiguo Tribunal de Orden Público, tribunal franquista encargado de los delitos políticos-, presentando una denuncia por delito de terrorismo contra los jóvenes. Días más tarde, tanto la Policía Foral –policía autonómica de Navarra-como la Guardia Civil publicarían sus respectivos informes. Ni uno ni otro coincidían con la versión de los agentes ni con la de COVITE: negaban un linchamiento organizado y la implicación de 50 personas. No consideraban que hubiera delito de terrorismo.
Al día siguiente de la publicación del auto de la Audiencia Nacional, seis de los ocho jóvenes acudirían al Juzgado de Iruñea para declarar voluntariamente, aunque no pudieron hacerlo ya que la jueza no se encontraba de guardia. A pesar de eso, el 14 de noviembre la Guardia Civil realizó una operación de madrugada para detener a los chavales de Altsasu y los trasladó a las dependencias de la Audiencia Nacional, donde les esperaba la jueza Carmen Lamela (que posteriormente encarcelaría a políticos independentistas catalanes).
Lamela no dudó en dar por buena la versión de COVITE sobre el carácter “terrorista” de la pelea de bar y dictó prisión preventiva para seis de los acusados por riesgo de fuga y para evitar la destrucción de pruebas y reiteración delictiva. Si bien en el primer informe de la Guardia Civil no se hablaba en ningún momento de terrorismo ni linchamiento sino de un posible delito de odio, cuando la jueza Lamela pidió un nuevo informe, se borró el delito de odio y se pasó a hablar de terrorismo.
La Guardia Civil y la Audiencia Nacional sostienen que no fue una pelea sino una acción dentro de la campaña “AldeHemendik” (“Que se vayan”), que policías y jueces atribuyen a ETA. Nada más lejos de la realidad. Cuando ETA nació, 1958, la campaña ya tenía al menos 25 años de recorrido. Durante la Segunda República, amplios sectores de la población navarra reclamaban la expulsión del territorio de la Guardia Civil o la sustitución por policías forales, y varios ayuntamientos debatieron mociones para la expulsión de la Guardia Civil de sus localidades. De hecho, el nombre explícito “AldeHemendik” lo propuso en 1978 la coalición EuskadikoEzkerra, que terminó integrándose en el PSOE de Felipe González.
De esta manera, mediante el traslado del caso a la Audiencia Nacional y su clasificación como delito de terrorismo, una pelea de bar se acabó transformando en el concepto “Todo es ETA”: cualquier disidencia, manifestación o resistencia es terrorismo. No olvidemos que la Ley Mordaza aprobada por el Partido Popular en el 2015 sigue vigente.
El caso Altsasu manda un mensaje muy claro a la juventud y a la clase trabajadora: no van a dar su brazo a torcer. El régimen del 78 y su justicia heredera del franquismo no van a parar esta deriva autoritaria que recientemente hemos podido ver. Por poner algunos ejemplos: Alfredo Remirez, condenado a un año de prisión por participar en una manifestación en contra de la dispersión de los presos y acusado de enaltecimiento del terrorismo por unos tweets; Valtònyc, rapero condenado a tres años y medio de cárcel por las letras de sus canciones y por publicaciones en Twitter; o el juicio contra el procés. Mientras tanto, la tremenda corrupción del gobierno del PP sigue impune, la Manada continúa en libertad, Juana Rivas es condenada y su maltratador queda libre…
La enorme movilización del domingo es una denuncia contra una pantomima de juicio, una muestra de repudio a la justicia del régimen del 78 y una manifestación de dignidad del pueblo vasco.
Desde Socialismo o Barbarie nos solidarizamos con los jóvenes de Altsasu y mostramos nuestro repudio a la justicia postfranquista del Estado Español. La crisis del régimen del 78 se hace cada vez más evidente, y apostamos a la solidaridad y unión entre los pueblos del Estado para derrotarlo.
