Nicolás Mestre
Es que en el país, a pesar de la enorme mediación que ha significado la pandemia de covid-19, con todas las restricciones que ha significado para la vida común, aún existe en la población la necesidad de continuar con el impulso que se diera desde el año pasado para manifestar el descontento con el actual modo de organizar la sociedad capitalista en distintas esferas (pensiones, educación, salud, etc.).
En ese sentido, destaca el actuar represivo del gobierno de Sebastián Piñera quien, con la excusa de la pandemia, ha utilizado diversos mecanismos que contempla el actual ordenamiento jurídico del país, como es el Estado de excepción constitucional de Emergencia, el toque de queda, para en definitiva restringir las libertades democráticas.
La maniobra del gobierno tiene por objetivo intentar recomponerse para llegar al plebiscito que se realizará el próximo 25 de Octubre, donde se decide el cambio a la actual constitución, herencia de la dictadura pinochetista. Así las cosas, comienza a entrar en el centro de la escena política la decisión de “Aprobar” un cambio a la actual constitución o “Rechazar” ese cambio, además de las vías para la redacción de esa nueva constitución: Convención Mixta, con 50% de parlamentarios en ejercicio, más un 50% de delegados constituyentes, o Convención Constitucional, con la totalidad de delegados constituyentes electos democráticamente.
El problema que ha dividido las posiciones en torno a este importante hito político, son los límites establecidos para el cambio constitucional. Pues se da por hecho un holgado triunfo de la opción “Apruebo” y de la Convención Constitucional. Esos límites vienen dados por la reforma votada en el Congreso que establece los marcos del mismo: el que la constituyente no puede posicionarse respecto a los tratados internacionales ratificados por el Estado, entre los que destacan los Tratados de Libre Comercio. También la regla de los 2/3 para la aprobación de las nuevas normas constitucionales, lo que le podría dar –eventualmente- un poder de veto a los sectores más conservadores y reaccionarios que ya han dicho que se incorporaran al proceso constituyente para defender sus principios (el derecho a la propiedad privada, etc.). Por otra parte, la elección de los constituyentes sería a través de los partidos políticos del régimen. Por ende, ésta sería un reflejo del actual Congreso. Algo muy distinto a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.
Así las cosas, el movimiento social debe enfrentar su rearme en un contexto donde continúa una pandemia utilizada por el gobierno para el control social, y un proceso constituyente en el que se deben seguir escuchando las voces de la plaza. Desafío para el cual es necesario continuar organizándose de forma independiente de los partidos del régimen que intentarán cooptar al movimiento. De este modo, si bien es importante aprobar el cambio definitivo de la constitución de Pinochet, también lo es continuar en las calles exigiendo los cambios que necesita el pueblo trabajador.
