Xavi Posets
Improvisación, descoordinación, falta de claridad… Así han percibido la mayoría de docentes, estudiantes y familias la gestión educativa en el Estado español. Es lo que tiene una política hecha a última hora, con unas medidas irreales y/o ineficientes que en ningún caso permiten hablar de los centros educativos como “espacios seguros de Covid”, como pretenden hacer pasar las administraciones. Las consecuencias son claras: estudiantes y docentes contagiados, aulas confinadas, cortes del proceso educativo, pérdida generacional de conocimientos y exclusión educativa de las clases trabajadoras.
Suben los casos de Covid en las escuelas e institutos
Desde el inicio del curso hasta el jueves 24/09 [1] se han cerrado 2.852 grupos, dejando a alrededor de 50.000 alumnos en cuarentena, no solo sanitaria, sino en muchos casos educativa. Estas mismas cifras fueron valoradas como “muy satisfactorias, dentro de la excepcionalidad de la pandemia” por ministerio y comunidades. Y aunque represente el 0,73% de número de grupos del territorio español, son miles de jóvenes las/los que se quedan en casa sin poder seguir el curso escolar.
La cuarentena de estos alumnos supone, para ellos, la interrupción del curso y el corte del proceso educativo. Esto sucede irremediablemente para los más jóvenes, pero la virtualidad en cuarentena podría salvar parcialmente esa pérdida en el caso de los estudiantes más mayores. Esto tampoco pasa en su mayoría, pues hay escasez de material y recursos que puedan garantizar las clases virtuales.
A esto se le suma la imposibilidad por parte de las familias de coger baja laboral, viéndose obligadas a ir a trabajar con el riesgo de estar infectados y propagar el virus. Asimismo, muchas familias se ven obligadas a reducir su jornada laboral y perder ingresos para poder garantizar el cuidado de sus hijos/as –trabajo que suele recaer en las madres, aumentando la brecha salarial-. La solución del Gobierno: reducir los tiempos de cuarentena de 14 a 10 días, una medida orientada a disminuir los daños a la economía a costa de la salud y dejando claro el funcionamiento de las escuelas como centros de internamiento para los hijos de los trabajadores.
En todo caso, si el Gobierno puede mostrarse optimista es gracias al sobreesfuerzo de los docentes, quienes han hecho todo lo posible para preservar el derecho a la educación. Es normal, pues, el cabreo que tienen con las administraciones al ver que cada medida proclamada desde arriba era una tomadura de pelo, pues no daban medios para cumplirlas.
El gobierno central cedió la responsabilidad a los gobiernos autonómicos, que a su vez la trasladaron a cada centro educativo. Así, cada centro tiene la tarea de hacer cumplir el protocolo de higiene y seguridad, pero la inmensa mayoría no dispone de espacio, recursos ni personal suficiente.
Po tanto, son los propios docentes quienes, sin ser expertos sanitarios ni tener conocimientos validados de prevención de riesgos, ocupan y ajustan todos los espacios posibles para intentar cumplir al máximo las medidas de higiene y seguridad, algo que en muchos centros es imposible debido a la cantidad de alumnos. Dicha expansión repercute en la calidad de la educación, pues se pierden espacios destinados a otras asignaturas o actividades, como pueden ser laboratorios, música, refuerzo…, que se acaban eliminando.
Por otra parte los protocolos de entrada y salida de los centros causan una reducción de horarios de clase que supone una mayor pérdida de conocimientos, de la que se define como generacional. Los docentes también advierten de los problemas pedagógicos que implica la educación desde el distanciamiento social, donde se fomenta estrepitosamente el individualismo.
La universidad virtual
En las universidades, la presencialidad se ha visto reducida a días concretos y anecdóticos. Como cada facultad establece su protocolo, podemos encontrar estudiantes que van 1 día a la semana, 1 semana al semestre o incluso 1 día cada tres semanas. El resto de días deben hacer clases desde la virtualidad.
Asistimos así a una privatización y degradación de la educación superior, pues son las familias las encargadas de costear los aparatos electrónicos y la red de conexión a internet, y condicionar un espacio de estudio que, con toda probabilidad para las familias trabajadoras, no reunirá las óptimas condiciones de estudio. Esto pone de manifiesto la brecha digital, un problema exclusivo de las clases trabajadoras y precarizadas que conlleva a la expulsión de miles de estudiantes del sistema educativo, al no poder seguir el curso.
Pero aun teniendo las mejores condiciones, la virtualidad no es alternativa a medio ni largo plazo a la presencialidad. El proceso de aprendizaje es social, colectivo y presencial, sea primaria, secundaria o superior.
No suficiente, las universidades amenazan con aplicar recortes, concretamente en becas e investigación. El motivo sería la bajada de ingresos, debido a la rebaja y caída de matrículas y el cierre de servicios externalizados como residencias, bares, centros de idiomas, etc., y la subida de gastos de recursos sanitarios y de limpieza, que colocaría las cuentas en números rojos.
Las administraciones autonómicas, encargadas de financiar las universidades, no dan solución. Mientras tanto, el Ministro de Universidades, Manuel Castells, muestra su ya característica desidia.
Parece que la única esperanza se centra en el Fondo Covid Educativo europeo, que promete repartir 2.000 millones de euros, de los cuales el 20 % irá destinado a educación superior, con 1,3 millones de universitarios, 375.000 alumnos de FP superior y 24.000 estudiantes de enseñanzas artísticas superiores. Sin embargo, el curso universitario empezó hace un par de semanas y esta ayuda está lejos de materializarse, y de ser así, es más que probable que sea insuficiente para garantizar preservar la calidad de la educación superior.
Por una educación pública segura, gratuita y de calidad
El problema principal que atraviesa el sistema educativo público español es la infrafinanciación. No es nada nuevo: vino de la mano de las políticas neoliberales tanto de gobiernos autonómicos como centrales , que durante años aplicaron recortes y externalizaciones, reduciendo plantillas y recursos, y así mermando la calidad de la educación pública y encareciéndola (especialmente la superior).
La pandemia ha agravado el estado crítico del sistema educativo, y la gestión por parte del gobierno de PSOE y Unidas Podemos no ha revertido la situación. Para ello sería necesario poner un plan de choque social, financiando el sistema educativo (¡y el sanitario!) con el presupuesto que se les regala a la monarquía y a las fuerzas represivas del Estado, e aplicando ajustes a empresas multimillonarias.
Solo así es posible cumplir los reclamos de la comunidad educativa: contratación de profesionales docentes, de limpieza y sanitarios en los centros educativos, ampliaciones de espacios, bajada de ratios y más recursos informáticos.
Pero sabemos, por la gestión en defensa de los beneficios patronales y demás lacras, que el gobierno central no dará un paso por la defensa de la educación. Tampoco lo harán las administraciones autonómicas. Es más, las gobernadas por la derecha no dudarán en aplicar recortes y más externalizaciones. Ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid, donde Ayuso externalizó servicios a Telepizza y Rodilla, y ahora elimina testeos a posibles positivos originados en las aulas, afectando a 13.856 aislados.
Por lo tanto, en defensa de la calidad de la Pública y por la necesidad de una educación presencial, segura y gratuita, es necesario organizarse y salir a las calles (con todas las medidas de seguridad) a luchar para materializar los reclamos de los docentes, estudiantes y familias trabajadoras.
En ese sentido, creemos imprescindibles las jornadas de movilización que puedan ocurrir este mes entrante (por ejemplo la huelga de docentes del 9 y 15 de octubre en Catalunya) para unir docentes con estudiantes y familias, plantándose en las calles por nuestra educación y contra la desidia de los que nos gobiernan.
[1] Estos datos son los presentados por la ministra de Educación, Isabel Celaá, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el mismo jueves 24. Las cifras recogen las notificaciones de cada autonomía, algunas con su última actualización el lunes 21/09.
