Las Rojas Argentina: Vamos por un 28S de lucha en las calles

La ilegalidad del aborto sigue siendo uno de los grandes dramas en nuestra sociedad. En la última semana se conocieron dos casos aberrantes de niñas de 11 y 12 años violadas y obligadas a ser madres mediante la injerencia de los antiderechos en el sistema de salud. Un informe reciente de Human Rights Watch recoge datos de la realidad y plantea un diagnóstico lapidario en relación a la clandestinidad del aborto y sus consecuencias.

En esta situación, y frente a la ya confesa posición del gobierno de Alberto Fernández de no tratar el Proyecto de Ley de la Campaña este año, desde Las Rojas sostenemos que es necesario organizar una jornada de lucha unitaria en las calles (con todos los cuidados al máximo), que le arranque nuestro derecho decidir a este gobierno.

Si no hay Ley, avanzan los antiderechos

Lo que ocurrió en Salta y Corrientes con las dos niñas es grave y devela la avanzada antiderechos. En ambos casos, las niñas fueron recibidas por medicxs objetorxs de conciencia, quienes les hablaron de la posibilidad de una ILE, pero sobre todo le hablaron de los supuestos riesgos que esto conlleva. Nada dijeron de los riesgos de un embarazo a esa edad y en esas condiciones.

Esto es lo que sucede con la objeción de conciencia. Disfrazada de legítimo derecho de médicos y médicas, es una manera encubierta de los antiderechos de impedir el real acceso a los abortos por causales contempladas por la ley desde 1921. La objeción de conciencia es la puerta por la que se permite entrar a la Iglesia y todos los sectores reaccionarios al cuerpo y la salud de las niñas, mujeres y personas gestantes.

Se puso sobre la mesa nuevamente que los hospitales están llenos de objetores de conciencia, sin saber quiénes ni dónde, porque no existe un registro que permita “elegir” en qué institución hacer la consulta. De esta manera “atajan” a quienes requieren interrumpir un embarazo, asustándolas o dándoles información sesgada, para evitar que ocurra.

Pero en muchos casos no se trata solo de algunxs médicxs objetores, sino que se trata de hospitales enteros objetores. Es decir que se camuflan en supuestas posiciones individuales de cada profesional cuando la objeción de conciencia es institucional.

Al no haber una reglamentación clara sobre los objetores de conciencia, resulta muy sencillo para los gobernadores antiderechos, e incluso para las direcciones de los hospitales, implementar una objeción de conciencia institucional de hecho. Con una simple declaración y la presión de la persecución laboral o el despido, no dejan ningún margen para que aquellxs médicxs que defienden la vida de mujeres y niñas puedan realizar una práctica garantizada por la ley.

En este punto es importante hacer una distinción: una cosa es la ideología de un médico o médica (que eventualmente se puede plasmar en la objeción de consciencia, siempre y cuando sea informada previa a la atención, y garantizando siempre que la práctica se pueda realizar por otro u otra profesional) y algo muy distinto es la objeción institucional como arma de los sectores antiderechos, que les garantiza la negativa a la IVE en todo un hospital o incluso en una provincia entera.

En Corrientes, de hecho, desde que se declaró provida solo se realizó un aborto no punible en el Sistema Público de Salud, en el año 2013 y por una orden judicial. Pero la prepotencia de estos sectores retrógrados no sale de cualquier lado.

El Protocolo Nacional publicado por el Ministro Ginés González García, que plantea una serie de avances en cuanto a la aplicación de la IVE y a la interpretación de las causales, no tiene un carácter obligatorio sino que es sólo una recomendación: se puede adherir o no.

Por este motivo es que solo 9 provincias han adherido al Protocolo Nacional (acá incluimos a la CABA, que le quiere imponer restricciones vía la reglamentación),10 provincias tienen protocolos sumamente restrictivos y otras 5¡ni siquiera cuentan con uno!

Es urgente la resolución de su carácter obligatorio de aplicación en todo el país, que no dé lugar a ideologías reaccionarias de gobernadores que obstaculicen o nieguen el acceso a un derecho tan elemental y que en consecuencia ¡obliga a niñas de 11 años a ser madres!

¡Queremos aborto legal ya!

El informe de Human Rights Watch es escalofriante en el diagnóstico que hace: más del 13% de las muertes “maternas” son producto de complicaciones por abortos; en 2016 hubo 39.025 mujeres y niñas que debieron ser internadas en hospitales públicos, de las que 6.114 eran niñas y adolescentes.

Al mismo tiempo señala las consecuencias negativas de la penalización del aborto, como un factor más de riesgo, implicando que muchas personas que tuvieron alguna complicación no se acerquen al sistema público de salud por miedo a la persecución. En ese sentido, las cifras de muertes y complicaciones no incluyen a todo un sector que nunca llegó al hospital.

Por otro lado, la cuarentena ha profundizado los riesgos de la clandestinidad: aumento de embarazos no deseados, dificultad para el acceso a métodos anticonceptivos, limitaciones para acceder al sistema de salud pública.

Esta realidad choca de frente con los discursos del gobierno de que “este no es el momento para tratar el aborto”, que hay que seguir esperando, ¡como si no fuera urgente evitarlas muertes por un aborto mal practicado!

Si el gobierno asumió diciendo que solo iba a votar la “despenalización” y tuvo que girar hasta proponer un propio proyecto de ley fue por la presión de la Marea Verde, que no se conforma con migajas. ¡Pero el continuo retraso de la votación solo le da aire a los antiderechos, como ocurrió en Salta y Corrientes!

En sus discursos buscan contraponer el gravísimo problema de la pandemia al otro gravísimo problema de la clandestinidad del aborto. Niegan que justamente la pandemia es un factor decisivo en la profundización del riesgo de la clandestinidad, niegan que en este contexto el perejil volvió a ser un método para interrumpir los embarazos no deseados, por las dificultades adicionales al acceso al hospital y centros de salud. ¡No podemos esperar a que termine la pandemia, porque las muertas por la clandestinidad son de hoy!

Por otro lado, si la preocupación es el debate sobre los proyectos, lo repetimos hasta el cansancio: ¡ya existe un proyecto de ley, con estado parlamentario, discutido en las calles y en más de 700 intervenciones en el congreso en el 2018, que es el que la Marea Verde y la mayoría social ya aprobó!

¡Retomemos las calles para ganar nuestro derecho!

Tenemos que poner nuevamente a la Marea Verde en las calles para demostrar que la fuerza sigue viva y hacer sentir la voz de quienes no queremos que se siga decidiendo sobre nuestros cuerpos. Salen los anticuarentena, los antiderechos y hasta la policía golpista; ¡no podemos regalarle la calle a los reaccionarios!

Fue esa fuerza la que logró instalar el problema del aborto como un problema social, la que ganó la mayoría social, la que se impuso en Diputados y salió victoriosa después de la negativa del Senado. ¡Es esa fuerza la que no baja los pañuelos!

Y, entendiendo la gravedad de la pandemia, Las Rojas sostenemos que sólo en las calles, organizdxs y con los cuidados necesarios, vamos a ganar nuestro derecho.

Por esto es que hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, activistas, a cada pibx que protagonizó la enorme pelea de la Marea Verde a realizar una gran acción callejera en cada provincia del país. Una jornada de lucha, con distanciamiento social, tapabocas y, como siempre, con nuestros pañuelos y banderas en alto; para imponerle a este gobierno que se deje de dar vueltas y apruebe ya el proyecto de le Ley de la Campaña Nacional.

¡Este 28S vamos por una gran jornada de lucha!

-Aplicación Obligatoria del Protocolo para Abortos no Punibles.

-#NiñasNoMadres

-¡Fuera la iglesia y los objetores de conciencia de nuestros cuerpos!

-¡Aborto Legal Ya! Nuestro Proyecto es el de la Campaña.