Marina Hidalgo Robles
La trata y la explotación sexual es un problema que en las últimas décadas ha tomado relevancia para la sociedad en general, y especialmente para el movimiento de mujeres. El combate contra la trata y la explotación sexual está en la agenda del movimiento de mujeres, en las calles y también en los debates teórico-políticos. Las Rojas, como parte del movimiento de mujeres que se organiza para luchar contra el patriarcado, queremos aportar no sólo en la pelea cotidiana en la calle, sino en la profundización del debate abolicionista, desde una perspectiva feminista y socialista.
Clarificar de qué se tratan estas formas de sometimiento, cuáles son los intereses de los gobiernos y organismos internacionales y cuál es la estrategia que las mujeres tenemos que llevar adelante resulta indispensable para ganar la pelea.
Este flagelo recorre todos los países del mundo, desde los más pobres hasta los más desarrollados, y siempre con un vector común: la mercantilización y violación de los cuerpos de las mujeres, trans, niñas y niños. En las últimas décadas, con la profundización del neoliberalismo a nivel mundial, la trata de personas con fines de explotación sexual se ha convertido en una actividad rentable para los estados nacionales, siendo ésta una de las actividades que redunda en buena parte del PBI de las naciones.
Según informes de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo aproximadamente “20,9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso”, de las cuales el 55% son mujeres y niñas (11,4 millones de personas). Del total, 4,5 millones de personas son “víctimas de explotación sexual forzada” en todo el mundo (Organización Internacional del Trabajo, “Estimación sobre el Trabajo Forzoso. Resumen ejecutivo”, junio de 2012). Estos datos, sin embargo no reflejan la realidad precisa, por ser la trata y la explotación sexual una actividad ilegal. La Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNDOC) reconoce que el número de condenas por trata de personas es en general muy bajo: de los 132 países incluidos en su informe anual, el 16% no registró ni una sola condena entre 2007 y 2010, y el 23% sólo registra entre 0 y 10 condenas (Global Report in Trafficking in Person 2012, UNDOC – United Nations Office on Drug and Crime).
El carácter internacional de las redes implica que los países funcionan como lugares de origen, tránsito y destino de mujeres y divisas, lo que hace este sistema de explotación una fuente de ingresos para los estados. A la vez, plantea un desafío mayor a la hora de llevar adelante una política que enfrente este flagelo.
Argentina es un país considerado de origen, tránsito y destino de mujeres, niñas y niños para la explotación sexual (Departamento de Estado de Estados Unidos, “Trafficking in Person – Report June 2013”, http://www.state.gov). La trata se da no sólo a nivel internacional (especialmente mujeres de Paraguay y República Dominicana son explotadas en este país), sino también a nivel local, mujeres del norte del país y centros rurales son explotadas en la capital del país y en provincias centrales. Así fue el caso de Marita Verón, una joven de la provincia de Tucumán secuestrada en abril de 2003 y explotada sexualmente en varias provincias de Argentina, como La Rioja. La pelea de su madre, Susana Trimarco, permitió conocer los lugares por donde había sido trasladada y los responsables de su secuestro y explotación, y liberar decenas de mujeres que eran explotadas en los mismos prostíbulos donde había estado su hija.
A partir de la investigación que sostuvo la madre de Marita, en 2012 comenzó el juicio a los13 proxenetas. Las pruebas aportadas por Susana Trimarco y por las otras víctimas que declararon durante el juicio eran irrefutables. Daban cuenta de nombres, lugares, fechas y modos de acción con total precisión. Sin embargo, el tribunal desestimó todas estas pruebas y los y las dejó en libertad. Todas y todos vimos cómo la impunidad garantizada por el gobierno de Alperovich en Tucumán dejaba libres a quienes la lucha de Susana Trimarco había claramente demostrado eran los responsables.
La presidenta Cristina Kirchner se dedicó a darle premios a Susana Trimarco en Plaza de Mayo en reconocimiento de su heroica pelea, y sólo dos días después las y los proxenetas salían libres con un fallo de total impunidad. El archi kirchnerista gobernador de Tucumán, José Alperovich, se rasgaba las vestiduras, cuando él mismo está relacionado con la Chancha Ale, cabeza de la red dedicada a la explotación sexual de mujeres.
La indignación popular que recorrió las calles y se hizo sentir en todo el país con enormes movilizaciones demostró que el caso de Marita había llegado a toda la sociedad. Un año tardó la “justicia” tucumana en dar marcha atrás con el aberrante fallo. Sin embargo, el principal responsable de la red de trata y explotación sexual y sus protectores políticos siguen impunes.
Es muy común la idea que sostiene que por un lado hay mujeres que son secuestradas y obligadas a prostituirse –como Marita Verón–, y por otro lado hay mujeres que en su plena decisión “eligen ser prostitutas”, como si una cosa no tuviese nada que ver con la otra. Para nosotras esto es incorrecto: la trata es sólo una forma en que se presenta la explotación sexual; los prostíbulos, las “casitas”, las zonas rojas son las otras formas en que las mujeres son igualmente sometidas y violentadas.
Frente a esta situación existen distintas estrategias para combatir la explotación sexual de las mujeres, trans, niños y niñas. Por un lado, con un carácter muy reaccionario, se plantea una política prohibicionista, que pone el eje en ilegalizar la “prostitución”. A través de la aplicación de edictos policiales, leyes municipales, códigos de faltas o contravencionales y toda clase de normativas, se persigue a las personas explotadas imponiéndoles condenas de prisión o multas, y sometiéndolas a todo tipo de abuso por parte de las fuerzas de seguridad que aplican dicha normativa. Esta política es ultra conservadora, ya que no combate la situación de sometimiento y vulnerabilidad de las personas sometidas, sino que defendiendo la “buena moral” de la sociedad reprime a las mujeres explotadas por provocar escándalo en la vía pública. Estas medidas se acompañan de persecuciones a las mujeres para realizarles obligatoriamente exámenes médicos, no sea cosa que anden dispersando enfermedades venéreas o VIH a la comunidad. De los proxenetas y los prostituyentes, ni una palabra. Éste es el caso del código de faltas de la provincia de Córdoba, que en su artículo 45 impone 20 días de cárcel para “quienes ejerciendo la prostitución se ofrecieren o incitaren públicamente molestando a las personas o provocando escándalo” (artículo 45, año 2007).
Algunas organizaciones plantean el regulacionismo del “trabajo sexual” como forma de combatir la trata y el proxenetismo. Equiparan la explotación sexual (definiéndola como “trabajo sexual”) con cualquier trabajo que se pueda realizar. El problema, dicen, es que al ser una práctica ilegalizada y perseguida por el Estado, se generan condiciones de clandestinidad que favorecen el proxenetismo. Por esto se exige que el Estado regule la actividad, garantizando derechos laborales para las personas que están en esta situación. La propuesta es el armado de “cooperativas sexuales”, para lo que en Argentina ya han presentado una ley que no fue aprobada.
Las Rojas planteamos una política abolicionista que enfrente de conjunto el sistema de relaciones patriarcales y capitalistas. Para nosotras, la única forma de combatir la trata y la explotación sexual es destruyendo las relaciones patriarcales de sometimiento de mujeres, trans, niñas y niños. No consideramos que dentro de este sistema se pueda “elegir libremente” poner un precio al cuerpo y la sexualidad sin que esto signifique una práctica violenta de sometimiento. Y estamos completamente en contra de que se persiga a las mujeres y todas las personas que son explotadas sexualmente, de cualquier forma, responsabilizándolas de su situación de víctimas, mientras se deja libre a los proxenetas y prostituyentes. Por eso peleamos por arrancarle al Estado políticas públicas de asistencia y tratamiento para las personas víctimas de las redes de explotación sexual, por planes genuinos de trabajo y vivienda, y por organizar al movimiento de mujeres junto a las y los trabajadores, para conquistar la emancipación definitiva de toda la humanidad.
Es conocida la frase que sugiere que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Con esta noción se intentan naturalizar dos ideas: que la prostitución es un oficio, un trabajo con el cual cualquiera podría lucrar legítimamente, y que la prostitución existió y existirá siempre, como una realidad inmodificable. En este artículo intentamos explicar por qué estas dos ideas son falsas, ahondando en el debate de la trata y la explotación sexual y la pelea que el movimiento de mujeres tiene por delante para abolir esta histórica forma de sometimiento patriarcal, desde una perspectiva feminista y socialista.
