Ale Kur

En los últimos días, los dos partidos mayoritarios del poder legislativo nacional (Partido Demócrata, que controla la cámara baja, y Partido Republicano, que controla la cámara alta) habían llegado finalmente a un acuerdo para proveer menos de 1.400 millones de dólares para la construcción del muro. Esto ponía fin de manera definitiva a la crisis abierta por el “shutdown” (cierre gubernamental) que duró 35 días desde fines de 2018, y que dejó sin cobrar su salario a 800 mil empleados estatales.

Sin embargo, ese acuerdo bipartidista resultaba una derrota política para Trump, ya que era solo una pequeña parte del monto requerido para la construcción del muro (menos del 25%). Aunque los Demócratas (partido opositor) hayan cedido vergonzosamente en una cuestión de principios (no deberían votar ni un solo dólar para el muro contra los inmigrantes), era un fracaso mucho más rotundo para el gobierno republicano: la demagogia reaccionaria contra los migrantes mexicanos fue su principal “caballito de batalla” en la última campaña electoral.

Más aún, Trump se juega una importante parada política de cara a las elecciones presidenciales del 2020: si no consigue comenzar ahora la construcción del muro, llegará a las urnas como un gobierno débil e impotente, incapaz de cumplir sus promesas.

Esto es así especialmente teniendo en cuenta que ya fracasó en otras grandes iniciativas de su gestión (como el intento de reemplazar el “Obamacare” por un sistema de salud propio, aún más neoliberal), y que viene de perder las elecciones legislativas de noviembre de 2018, donde la oposición se hizo con el control de la Casa de los Representantes. Su popularidad se encuentra actualmente en niveles muy bajos (alrededor del 30%), inclusive en condiciones de cuasi-pleno empleo y de recuperación económica. Es decir, teniendo a favor las condiciones más objetivas, no consigue remontar su imagen y necesita seriamente obtener algún triunfo político para seguir teniendo perspectivas.

 

El poder judicial será el árbitro de la crisis política

La “emergencia nacional” es una medida de excepción, que otorga poderes extraordinarios al poder ejecutivo pasando por arriba de los mecanismos institucionales “normales”. Como tal, su aplicación queda al filo de la inconstitucionalidad: si bien la constitución norteamericana establece ese mecanismo, no puede usarse de manera caprichosa. El poder judicial debe interpretar que realmente está en juego la seguridad nacional norteamericana y que sus procedimientos se aplican correctamente. En caso contrario, simplemente puede anular la medida de Trump.

De esta manera, el resultado de la crisis política nacional queda en manos de los tribunales norteamericanos. Si estos terminan dándole luz verde a la “emergencia nacional”, Trump podrá llevar adelante su agenda reaccionaria, gobernando de manera bonapartista por encima del parlamento. Pero si la “emergencia nacional” es anulada, Trump sufrirá una dura derrota política, debilitando a su gobierno y haciendo más dificultosa su relección en 2020.

En ninguno de ambos casos las cosas quedarán resueltas “de una vez y para siempre”, ya que la política siempre concede a los bandos en pugna la posibilidad de recuperarse y contratacar. Pero sin duda alguna, el fallo de la justicia sobre este tema será un importante hito en las relaciones de fuerzas entre el gobierno de Trump y los sectores populares, configurando escenarios políticos completamente diferentes en cada caso.

Es necesaria la más amplia movilización popular para derrotar la “emergencia nacional”, frenar el intento bonapartista de Trump de gobernar por encima del parlamento, y debilitar seriamente a su gobierno reaccionario.