Las Rojas Costa Rica
La actual crisis sanitaria muestra que la pandemia impacta a los sectores más explotados y oprimidos. Particularmente, tiene efectos más brutales para las mujeres debido a la conjugación de explotación y opresión del sistema capitalista y patriarcal.
Con la emergencia por el COVID-19 se agudizan las cargas históricas para las mujeres, tales como: la precarización laboral ante las medidas neoliberales del gobierno, la recarga de trabajo doméstico y cuido, la agudización de la violencia por el confinamiento con el agresor y la exposición a embarazos no deseados.
En cuanto a derechos laborales, las mujeres son las primeras afectadas con las medidas económicas que precarizan aún más las condiciones laborales porque de antemano las mujeres encabezan las tasas de pobreza, desempleo y trabajo informal. Por ejemplo, en el sector privado la flexibilización de las jornadas de trabajo que reduce hasta un 75% el salario impacta mayormente sobre las mujeres jefas de hogar. En el sector público hay varios ajustes que recargan la crisis sobre la clase trabajadora, por ejemplo, el congelamiento salarial hasta por un quinquenio, así como los intentos del gobierno por gravar al salario escolar e imponer el salario único con la Ley de Empleo Público. Estas medidas económicas del gobierno están dirigidas a proteger a las grandes empresas, quienes gozan de moratorias, pero en detrimento de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, a quienes receta más precarización.
Las mujeres tienen una recarga enorme de trabajo debido al cierre de guarderías y centros educativos, no solo por el cuido de niños, niñas, personas adultas mayores y con alguna enfermedad o discapacidad, sino también porque todas las labores domésticas aumentan cuando la familia está en casa y las condiciones sanitarias requieren aún más atención. De igual manera las mujeres que están realizando teletrabajo están sujetas a mayores exigencias porque deben asumir varios roles simultáneamente. Esto revela la precarización que enfrentan las mujeres en el mundo laboral, pues deben asumir las mismas tareas junto la carga del cuido, es decir, la demanda de trabajo doméstico es mayor y las tareas del trabajo remunerado son las mismas. Entonces, las mujeres están teniendo que asumir dobles o triples jornadas prácticamente de manera simultánea, por lo que el desgaste físico y emocional es abrumador.
La “cuarentena preventiva” expone a las mujeres víctimas de violencia a un encierro con su agresor. El “quédate en casa” implica para las mujeres su permanencia (y la de su agresor) en la casa, el lugar más peligroso para mujeres y niñas, por lo que las mujeres quedan más expuestas a agresiones y femicidios. En el caso de Luany, se manifestó la brutalidad de la violencia contra las mujeres y el modo en que el Estado legitima esta violencia a través de la negligencia de las instituciones, por eso el Estado es responsable, en lugar de proteger a las mujeres, las culpabiliza por ser violadas o asesinadas, tal como lo hizo Walter Espinoza, director del el Organismo de Investigación Judicial, quien debe ser destituido por su misoginia e inoperancia.
La restricción en el acceso a anticonceptivos conducirá a una gran cantidad de embarazos no deseados. Según el Fondo de Población de la ONU el impacto podría ser catastrófico en la vida de las mujeres al generar 7 millones de embarazos no deseados en los próximos meses. Además, si la interrupción del derecho al acceso a anticonceptivos continuara por un año podría tener graves consecuencias para las mujeres, a lo cual calculan hasta 15 millones de embarazos no deseados. En el país cinco niñas menores de 14 años son madres cada semana, 21 adolescentes entre 15 y 19 años se convierten en madres cada día. Esta situación se podría agudizar como consecuencia de la pandemia.
Aunado al impacto catastrófico que tiene para las mujeres la emergencia por la pandemia, sus condiciones sociales y económicas se verán aún más agravadas con la recesión económica acelerada por la pandemia. Esta situación produjo una interrupción en los servicios de salud sexual y reproductiva que restringió el acceso a anticonceptivos, por lo que se condena a las mujeres a embarazos no deseados en el periodo que se incrementará la pobreza y el desempleo (tasas ya de por sí encabezadas por las mujeres) es decir, sus condiciones de vida serán más precarizadas.
Por todo lo anterior, ante los ataques del gobierno y la UCCAEP, desde Las Rojas planteamos la necesidad de retomar las calles por la defensa de los derechos la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, por eso, hacemos un llamado a las organizaciones feministas, estudiantiles, sindicales y de izquierda para que nos organicemos y luchemos de manera unificada por los derechos de las, los y les de abajo. Junto a Aborto Legal Costa Rica saldremos este 8 de agosto, fecha en la que en años anteriores organizaciones feministas nos hemos manifestado frente a Casa Presidencial para exigir el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.
Es necesario retomar las calles para luchar por nuestros derechos, tal como lo están haciendo en diferentes países, con las medidas sanitarias y de distanciamiento que salvaguarden nuestra salud. Es importante organizarnos para luchar en estas nuevas condiciones porque son las calles el terreno histórico de disputa de los sectores explotados y oprimidos, por lo que planteamos la necesidad de construir nuestros propios protocolos de cuidado e higiene, tal como ya lo está haciendo Aborto Legal. Por eso, hacemos extensivo el llamado para que nos manifestemos este 8A frente a Casa Presidencial por nuestro derecho al aborto legal.