“El socialismo no es un sistema ya listo que puede salir en una forma definitiva de una cabeza cualquiera, por genial que sea. La distribución acertada de las fuerzas productivas y de los recursos puede ser realizada únicamente mediante una crítica constante, el control de lo hecho, la lucha ideológica de los distintos grupos del proletariado. Si rechazamos la democracia formal, que en la sociedad capitalista significa dar la llave al enemigo armado hasta los dientes, por el contrario, sin democracia de clase no sólo no edificaremos el socialismo, sino que no podremos sostener la dictadura del proletariado. Los zigzags de Stalin resultan caros, y cada vez más. Sólo los insensatos y los ciegos pueden imaginarse que el socialismo se pueda conceder desde arriba, que sea posible edificarlo por procedimientos burocráticos”
León Trotsky, El fracaso del plan quinquenal, p. 116
Sobre lo que habíamos señalado como el tercer mecanismo de regulación de la economía de la transición socialista, la democracia obrera, aquí dejaremos sólo una serie de breves señalamientos, que por su densidad teórica, política e histórica desarrollaremos más en profundidad en una redacción posterior.
5.1 El Estado como “propiedad privada” de la burocracia
Partimos de que en la transición las relaciones entre economía y política se encuentran modificadas respecto de lo que caracteriza al “tipo ideal” capitalista. En el orden burgués clásico, esas dos esferas, aunque relacionadas, se encuentran separadas de manera estricta en cuanto a su funcionamiento e institucionalidad. Sin embargo, esto se trastroca completamente en la transición: ambas instancias tienden a fusionarse, por cuanto el Estado se transforma en economista y organizador; se ubica respecto de la economía nacional como el capitalista lo hace con su empresa individual, como señalaba Trotsky.
Por su parte, Cristian Rakovsky agregaba dos puntos de la mayor importancia que aquí sólo desarrollaremos parcialmente. Primero, que los medios de producción se transforman en una función del Estado. Y segundo, que el propio Estado tiende a ser considerado por la burocracia como su “propiedad”, como señalara clásicamente Marx en su Crítica a la filosofía del Estado de Hegel.[26] Por esa vía llegamos al estratégico problema de la democracia obrera: se debe pasar al nivel del Estado, el carácter social real del poder cuya “función” son los medios de producción.
Si los medios de producción son una función del Estado, es decisivo quién, qué clase o capa social, detenta realmente el poder y maneja el plusproducto (o plusvalía estatizada). El problema radica en que si el poder no está en manos de la clase obrera, si es la burocracia la que se encarama en él, será esta burocracia la que tenga al Estado –y, por ende, a los medios de producción– como su “propiedad” y maneje el trabajo excedente.
Este criterio rompe con la igualación automática llevada a cabo en las filas del trotskismo de posguerra entre propiedad estatal y propiedad de la clase obrera o socialización, por varias razones.
Primera: la propiedad sólo es absoluta en el caso de la propiedad privada capitalista. Pero cuando se proclama la “propiedad del pueblo entero” y cuando dentro de él hay, necesariamente, diversas clases y fracciones de clase, hay que desentrañar el contenido real del “pueblo”. Ya hemos visto que la burocracia llegó a alcanzar en la URSS 10 millones de funcionarios en 1939 (de 4 millones diez años antes), que se consideraban con pleno derecho parte del “pueblo”.
Por otra parte, cabe tener presente que en los regímenes sociales precapitalistas la propiedad siempre enmascaró distintos grados de apropiación real de los medios de producción. Un ejemplo es el caso de la tierra bajo el régimen del colonato previo o contemporáneo al feudalismo, forma de propiedad que significaba muy diferentes formas de acceso a la tierra por parte de los campesinos: “El análisis de las relaciones de propiedad en regímenes precapitalistas demanda una historización del propio objeto para evitar anacronismos que los desprendan de la lógica sistémica dentro de la cual la propiedad actúa y está estructurada (…) La propiedad se define en un juego de cambiantes intervenciones, que no dependen tanto de una categoría jurídica tajante sino del desarrollo histórico mismo (…) La propiedad en el feudalismo se presenta como un objeto complejo y contradictorio, no asimilable a una definición uniforme y cristalizada exterior a las prácticas efectivas de los sujetos que las aprovechan” (Corina Luchía, “Aportes teóricos sobre el rol de la propiedad comunal en la transición al capitalismo”, UBA).
Este enfoque nos puede dar una clave interpretativa para el problema de la relación entre propiedad y posesión en el Estado de transición, de cuyo examen surge que cabe atender no sólo a la definición jurídica de propiedad, sino a la posesión efectiva. Si se declara que la clase obrera es “propietaria” de los medios de producción pero éstos no se hallan realmente bajo su control, difícilmente la clase obrera se considere subjetivamente “dueña” de la base material de la sociedad. Decía Naville: “El plan materializa las nuevas relaciones sociales en las que el empleador concreto no es propietario de los medios de producción; no es más que el representante del poseedor de ellos, que es el Estado” (selección de citas para el Seminario sobre la transición).
Pero lo que se dio en la URSS y en todas las experiencias no capitalistas de la posguerra, incluida Cuba, es que el detentador efectivo del Estado era –y es, en el caso cubano– la propia burocracia, que en esas condiciones tenía mucho “más derecho” que el “pueblo” a considerar los medios de producción como “su” propiedad. Es por eso que “la enésima ofensiva lanzada por Fidel Castro en 2005 contra la corrupción está condenada al fracaso. Paralelamente, Fidel Castro lleva a cabo una campaña ideológica para movilizar a la población: ‘la batalla de ideas’. Pero esta ‘batalla’ es una abstracción para unos cubanos sumergidos en las dificultades cotidianas y que, en diferentes grados, recurren al mercado negro para sobrevivir. Tanto más cuando la propiedad del Estado no es percibida por el pueblo, contrariamente al discurso oficial, como suya, sino como una propiedad que les es extraña. Los cubanos no influyen en nada en las decisiones económicas” (Jeanette Habel, “El castrismo después de Castro. Un ensayo general”, revista À l`Encontre).
Hay multitud de ejemplos respecto de cómo consideraba la población de la ex URSS y demás estados no capitalistas la “propiedad pública” como la que acabamos de citar aquí. Contra toda la evidencia histórica, corrientes como el PTS de Argentina llegan a afirmar que “la población rusa no consideraba a la nomenclatura como ‘propietarios legítimos’ de las empresas nacionalizadas, ni tampoco al Estado, ya que la propiedad colectivizada tenía un carácter ‘social’. Por esto el proceso de pasar de la propiedad colectiva a la propiedad privada no era un mero cambio cuantitativo con respecto a la situación anterior” (Claudia Cinatti: “Rusia: del stalinismo a la restauración capitalista”, Estrategia Internacional 22, noviembre 2005, p. 194). Esto es una completa mistificación: es evidente que los rusos no iban a considerar a la burocracia como propietaria “legítima” de los medios de producción, pero a nadie se le escapaba que, a todos los efectos prácticos, eran de hecho los propietarios, aun “ilegítimos”. Además, es absurdo definir la propiedad estatizada como propiedad “colectivizada”, con un “carácter social”. Esto no es automáticamente así ni siquiera en una transición auténtica: sobre la base de la democracia obrera, la propiedad va adquiriendo ese carácter sólo progresivamente, al compás de la socialización de la producción, y cuando llegar a ser realmente colectiva y social… deja de ser propiedad.
Por otra parte, eso no significa que el pasaje de la propiedad estatizada a la privada fuera un mero cambio cuantitativo, puesto que de él emergió una clase burguesa hecha y derecha. Pero no le hace ningún favor a la causa del socialismo en el siglo XXI embellecer las relaciones reales que existieron en la URSS y demás economías no capitalistas de la segunda posguerra.
El hecho social real, por más que se lo enmascare con discursos ideológicos, es que los medios de producción estaban bajo la posesión efectiva de la burocracia. La supuesta “propiedad” de la “sociedad” o “la clase obrera” se terminó transformando (donde alguna vez existió) en una formalidad que no hacía más que multiplicar la desmoralización de una clase obrera habituada a escuchar frases rituales y huecas, un puro engaño acerca de las relaciones reales. En este contexto, tales invocaciones a la “propiedad de todos” constituían más bien un llamado al saqueo de todo lo que se pueda, en forma individual y anárquica, como ocurrió en el Este europeo y se reproduce hoy en Cuba.
Por eso es tan errada la igualación entre propiedad estatizada y el carácter obrero del Estado. También el PTS sostiene este punto de vista: “Es evidente que el ‘carácter obrero’ del Estado referido a los regímenes burocráticos de Europa del Este es una abstracción si no se incorpora a la definición el carácter ‘deformado’, que lejos de ser un adorno o un mero adjetivo, constituía un determinante decisivo de la naturaleza del Estado. Aclarado este punto, el ‘carácter obrero’ estaba en las relaciones de propiedad que el stalinismo había impuesto en la mayoría de los casos en ‘frío’, luego de algunos años de ocupación militar del glacis, del mismo modo que el ‘carácter obrero’ de la Unión Soviética burocráticamente degenerada estaba en las relaciones de propiedad creadas por la Revolución de Octubre, a pesar de la política contrarrevolucionaria extrema de Stalin que llegó a hacer un pacto con Hitler” (C. Cinatti, cit., p. 227).
Pero la prueba para evaluar el carácter del Estado no residía en la política internacional contrarrevolucionaria de Stalin; lo decisivo fue la apropiación por la fracción stalinista del sobreproducto social, dando lugar a una acumulación burocrática. Esto ocurrió, precisamente, porque la propiedad estatizada no garantiza per se el carácter obrero del Estado: era fundamental saber en manos de qué clases o fracciones de clase estaba realmente el Estado.
No sabemos por qué el PTS pone entre comillas el carácter obrero de la propiedad estatizada, si sigue considerando que en todos los casos lo fue. Menos claro aún resulta cuál es la medida de la “deformación” de los “estados obreros”. Si se trata realmente de “un determinante decisivo de la naturaleza del Estado”; no “un mero adjetivo” sino algo sustantivo acerca de la naturaleza de esos Estados, ¿por qué se los sigue definiendo como “obreros”? Es ésta una muestra de esa “abstracción” que se dice combatir.
5.2 Hacia la extinción de toda forma de propiedad
Por lo demás, en la definición de la propiedad como “social” –o del “pueblo entero”, como figuraba en la constitución soviética de 1936, redactada paradójicamente por un Bujarin que sería asesinado por Stalin sólo dos años después– hay una contradicción, señalada agudamente por Pierre Naville. Siguiendo la estela de la crítica de Marx a Proudhon alrededor de la cuestión de la propiedad (recordemos que el socialista francés no planteaba la abolición de toda propiedad, sino la defensa de la pequeña propiedad privada), Naville explicaba que siempre que se declara una propiedad es en relación con los no propietarios; cuando los bienes son realmente de toda la sociedad, no hay que afirmarlos frente a nadie, y entonces la propiedad desaparece. Por esa razón, en el fondo es una contradicción hablar de “propiedad social”: cuando algo es realmente de todos, no tiene sentido hablar de propiedad.
En este terreno, la pelea estratégica del comunismo es abolir toda forma de propiedad de los medios de producción, condición para acabar con toda forma de explotación, imposición o desigualdad. Esto incluye la explotación en la forma derivada de un tipo de propiedad que se declara “social”, pero en realidad es estatal, y para colmo de un Estado controlado y “apropiado” por una burocracia.
La propiedad estatizada al principio se afirma contra los capitalistas expropiados. Pero con el devenir de la transición, la propiedad se debe reabsorber en la socialización efectiva de la producción, en la gestión colectiva de los medios de producción por parte de la clase obrera autoorganizada, so pena de que la propiedad se termine afirmando, como ocurrió en el siglo XX, contra la masa de los trabajadores: “Ante nuestros ojos se ha estado y se está formando una gran clase de gobernantes (klass pravyashchikk), con sus propias subdivisiones internas, creciendo a través de nombramientos calculados (designaciones burocráticas o elecciones ficticias). Lo que une esta peculiar (svoebraznyi) clase es el peculiar sentido de propiedad privada, llamado poder estatal: ‘la burocracia posee al Estado como propiedad privada’, decía Marx en la Crítica de la filosofía del Estado de Hegel” (en A. Nove, Escritos…, cit.).
Por el contrario, la propiedad estatizada debe remitir concretamente a la posesión efectiva de los medios de producción por parte de los trabajadores, lo que implica la tendencia a la superación de la división entre trabajo vivo y trabajo muerto y la disolución de toda la propiedad por la vía de la socialización de la producción: “Todos los que reflexionaban podían convencerse fácilmente de que la transformación de las formas de propiedad, lejos de solucionar el problema del socialismo, no hacía más que plantearlo” (L. Trotsky, La revolución traicionada, cit., p. 34).
Son estas relaciones las únicas que pueden permitir una planificación económica al servicio de la clase obrera y un carácter efectivamente obrero del Estado: que la expropiación de los medios de producción sea puesta realmente al servicio, gestión y control de la propia clase obrera.
La democracia obrera, la auténtica dictadura del proletariado, el ejercicio del poder de manera efectiva por parte del proletariado, es no sólo el tercer factor regulador de la transición, sino el decisivo para poner la acumulación en función de las necesidades de la masa de los explotados y oprimidos. Como advierte Trotsky, “se cometería uno de los más groseros errores deduciendo de esto [la determinación en última instancia de la base económica] que la política de los dirigentes soviéticos es un factor de tercer orden. No hay otro gobierno en el mundo que a tal grado tenga en sus manos el destino del país. Los éxitos y los fracasos de un capitalista dependen, aunque no enteramente, de sus cualidades personales. Mutatis mutandis, el gobierno soviético se ha puesto, respecto al conjunto de la economía, en la situación del capitalista respecto a una empresa aislada. La centralización de la economía hace del poder un factor de enorme importancia” (ídem, p. 48).
Si algo se desprende luego de la valoración de los tres reguladores de la transición que hemos desarrollado, es que en la transición los factores económicos y políticos están profundamente interrelacionados, y que es indispensable una crítica a los abordajes puramente economicistas del siglo pasado. Esto es, que la economía de la transición socialista se podía definir por el solo factor de la estatización de la propiedad privada y que, a partir de ello, el proceso podía avanzar en un sentido socialista de manera “autónoma”.
El veredicto de la historia es inapelable: no alcanza con que la propiedad capitalista haya sido expropiada –condición absolutamente necesaria pero no suficiente– para que estemos ante una sociedad y economía realmente de transición al socialismo. Debe cumplirse otra condición no ya económica, sino política: que el poder del Estado pase efectivamente a manos de los trabajadores; sin eso, no hay verdadera dictadura del proletariado. Si, como hemos tratado de demostrar, la transición está pautada por la inextricable relación de plan, mercado y “democracia soviética”, como la llamaba Trotsky, el rumbo de esa transición depende en última instancia (al menos en el orden interno, abstracción hecha de la evolución de la lucha de clases internacional) no tanto de su contexto económico como de la naturaleza del poder político del Estado.
5.3 Sin la clase obrera en el poder real no hay transición al socialismo
“En Cuba al problema generacional (…) se une la división en la juventud. Esto es peligroso. Hay una base para el consenso: la mayoría de la población no quiere volver a ser colonia de Estados Unidos y, si no es socialista, es antiimperialista. Pero no hay bases propositivas para un nuevo consenso, que sólo puede darse sobre una base autogestionaria, socialista, democrática, antiburocrática, teniendo como palanca principal la verdad sobre todo, tratando a la gente como adultos, no como [objetos] de una dirección omnisciente y supuestamente infalible que trabaja por el bien de todos”
Guillermo Almeyra, “Cuba. Los jóvenes y la revolución”, La Jornada, México, 17-2-08
A la luz de la experiencia, fue un tremendo error de la generalidad del trotskismo de posguerra definir a los estados del Este europeo, China y la misma URSS de posguerra como economías de transición socialista sobre la base de que la propiedad es declarada como “de la clase obrera” aunque estuviera de hecho en manos de la burocracia. Porque en la sociedad de transición el carácter del Estado no está definido sólo por las relaciones económicas, y menos aún por la definición puramente jurídica de éstas. Una combinación de economía y política peculiar a la transición hace que el carácter del Estado dependa en última instancia del carácter del poder, de qué clase lo detente realmente.
En la URSS, bajo el “comunismo de guerra”, bajo la NEP de Lenin o incluso bajo una forma más integral de planificación, con todas las proporciones imaginables entre propiedad estatizada y propiedad privada, lo que definía la naturaleza del Estado era que la clase obrera estaba en el poder. Pero el giro de los años 30 hacia la estatización integral de la economía abrió paso a una realidad que la mayoría de los trotskistas perdieron de vista: la clase obrera, a todos los efectos prácticos, fue desalojada del poder. Y no sólo por la vía de un proceso “lento, rastrero y envolvente”, como lo definiera Trotsky, sino mediante la mayor violencia concebible: decenas o centenares de miles de ejecutados, muertos en prisión, confinados en campos de concentración, desterrados y/o privados de toda posibilidad de acción política.
Fue en ese momento cuando el revolucionario ruso pasó a definir el carácter de la ex URSS por sus relaciones económicas: la propiedad estatizada. Pero, como señaló el propio Trotsky en escritos posteriores, esta definición no podía dejar de ser dinámica, y no estaba escrita en la piedra sino supeditada, como toda definición marxista, al proceso histórico, al desarrollo concreto de la experiencia.
En efecto: como los medios de producción pertenecían al Estado, pero éste “pertenecía”, hasta cierto punto, y en ausencia de toda democracia obrera, a la burocracia, Trotsky mismo había señalado que si estas relaciones se seguían afirmando, se consolidaban y, en definitiva, se “eternizaban”, el Estado obrero dejaría de ser tal. Que fue precisamente lo que ocurrió: del Estado obrero con deformaciones burocráticas se pasó al “Estado burocrático con restos proletarios-comunistas”, como tempranamente lo definiera Cristian Rakovsky.
Porque, en definitiva, en la transición no hay “base económica” que garantice el carácter del proceso. Como hemos tratado de demostrar en todo este trabajo, su evolución depende del carácter del poder, y no en términos de definiciones en un papel sino en la vida social efectiva. Reiteramos: la propiedad y la posesión efectiva de los medios de producción, el poder político y la capacidad de planificación deben estar en manos de los trabajadores para que la transición camine en sentido socialista: tal es una de las principales lecciones que la experiencia del siglo XX ha legado a las revoluciones socialistas del XXI.
