Martina Ruiz
Juan Ignacio Barinaga, Arrate Bilbao y Juan Etxebarria – dueño, directora gerente y el responsable técnico del vertedero de Zaldíbar – han sido detenidos por la Ertzaintza por orden judicial. Dos juzgados investigan el suceso: uno por una causa de delito medioambiental y otro contra la seguridad de los trabajadores. El primero es el que ha ordenado la detención de los tres responsables.
El derrumbe del vertedero de Zaldíbar poco tiene de “accidente”: es una asesinato patronal y medioambiental. El año pasado se detectaron irregularidades y el Gobierno vasco, a pesar de conocer la situación, no abrió expediente ni sancionó a la empresa Verter Recycling. La competencia, más concretamente, es del Consejero de Medio Ambiente Iñaki Arriola (PSE). Casualmente, Verter Recycling es propiedad de la familia empresarial Barinaga, que tiene estrechas relaciones con el PSE – el hijo del propietario, Iñaki Barinaga, se presentó en las listas municipales de Zizurkil por el PSE –.
Según afirmó la familia del trabajador Joaquín Beltrán, éste llevaba días advirtiendo que había que reducir la tasa de abastecimiento del vertedero. Tres días antes, les advirtió que se estaba agrietando la montaña de residuos. La empresa llevó a cabo un análisis topográfico el 5 de febrero. El día 6, se derrumbó el vertedero.
Además, la desidia y la irresponsabilidad de la empresa y el gobierno fueron escandalosas: más de diez horas tardaron en avisar a los servicios de rescate de la elevada concentración de amianto en el vertedero.
Asimismo, hay que remarcar la nefasta gestión del Gobierno vasco. Recordemos las mentiras sobre los gases tóxicos que surgían del vertedero y que respiraban los vecinos de la zona. Recordemos también los cuatro días que tardaron en dar señales de vida los máximos responsables: el lehendakari Íñigo Urkullu (PNV) y el Consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola (PSE). Cuando finalmente Urkullu intervino, anunció la disolución del Parlamento Vasco y la convocatorio de nuevas elecciones autonómicas y ni una palabra dedicó a la catástrofe medioambiental más grave de la época y a las familias de los fallecidos.
El derrumbe del vertedero de Zaldíbar no es ni una “catástrofe natural” ni un “suceso fatídico”, en palabras de Urkullu. Es un asesinato patronal con la complicidad del Gobierno vasco y un tremendo delito medioambiental. En el capitalismo las víctimas siempre las ponemos la clase trabajadora, para seguir engrosando los beneficios de los capitalistas a toda costa. Exigimos justicia por los Joaquín Beltrán y Alberto Solaluze. ¡Verter Recyling y el Gobierno son responsables! En palabras de las vecinas de Eibar, Zaldibar y Ermua:
Zaldibar argitu! Langileak, Osasuna, erantzukizunak ¡Esclareced Zaldibar! Trabajadores, salud, responsabilidades
Bi langile desagerturik, euskal langileriak ez du barkatuko. Dos trabajadores desaparecidos, la clase obrera vasca no lo perdonará.
