Xavi Posets
Puede ser que estamos viviendo el comienzo de una segunda oleada en el Estado Español. Así lo planteó el jueves María José Sierra, doctora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, portavoz del Ministerio de Sanidad. De lo que no hay duda es del creciente número de casos nuevos que dibujan una curva ascendente en los últimos días.
De jueves a viernes se contabilizaron 971 nuevos positivos, de los cuales 415 en Aragón (concentrados mayoritariamente en Zaragoza, que vuelve a la fase 2) y 182 en Catalunya, según datos del Gobierno [1]. Sin embargo, para las mismas 24 horas Sanitat contabiliza 1.597 nuevos casos en Catalunya y cataloga las zonas del Segrià y Barcelona como críticas [2]. La variación de datos se debe a que las diferencias a la hora de calcular el número de contagios. Estos territorios, junto a los de Navarra y País Vasco, son los que más preocupación generan.
Si bien la edad media de las personas contagiadas está por los 45 años, Sanidad advierte que empieza a mostrar un ascenso. Es ese sentido, se ha detectado un brote en una residencia de ancianos en Alcarràs (Catalunya) dejando por el momento 57 positivos y una persona fallecida. En total, durante esta última semana el Covid se ha cobrado 7 vidas en el Estado Español.
La edad está siendo un factor altamente explotado por los medios de comunicación y gobiernos, culpando a la juventud de propagar el virus al asistir a fiestas, discotecas y bares de noche sin mantener medidas de seguridad. Varios son los municipios que han sufridos rebrotes por actividades sociales, como en Totana (Murcia) que han vuelto a la fase 1, o en Pamplona (Navarra) donde se ha decretado fase 2 “flexibilizada”.
Según los datos de Sanidad, el 32% de los rebrotes se han dado en el ámbito social frente al 27% que lo han hecho en la esfera laboral, especialmente en empresas agro-alimentarias. Los rebrotes en los lugares de trabajo – sobre todo de los y las trabajadoras más explotados y empobrecidos por su condición de migrantes bajo las racistas leyes españolas – son trascendentales para entender los inicios de esta nueva oleada, aunque no se da voz de ello.
Sin ir más lejos: el Segrià y Zaragoza sufrieron los primeros rebrotes mayormente en trabajadores migrantes de dichas industrias, mientras que en el Hospitalet la trasmisión empezó a circular entre las capas sociales más pobres de la población. Ahora, estos tres puntos son los más preocupantes. Y sin embargo, no existe una campaña de culpabilización hacia los principales responsables de los rebrotes en las empresas agro-alimentarias, las patronales. Porque son las que deciden que sus beneficios van por encima de las vidas de sus trabajadores, que se ven obligados a trabajar bajo unas condiciones de sobreexplotación y hacinamiento óptimas para la propagación del virus.
Las medidas que se han tomado por los diferentes gobiernos autonómicos contra el virus han sido en todo momento tibias. Se ha obligado el uso de la mascarilla en todas las comunidades autónomas peninsulares. En las zonas más críticas se han reducido aforamientos y se han cerrado algunos espacios comunitarios y algunos locales de ocio nocturno y deportivos, de forma heterogenia. Pero los límites de movilidad y confinamiento se quedan en recomendaciones, exceptuando casos puntuales donde igualmente se seguía yendo a trabajar, comprar, etc.
Recomendaciones que se han mostrado inefectivas pero actúan responsabilizando al individuo y lavando las manos de las administraciones. Así, la culpa es del/a trabajador/a por juntarse demasiado a sus compañeros/as, o de los jóvenes que van a bares o discotecas. Pero no lo es de la patronal por mantener unas condiciones de trabajo inseguras (porque cumplir las medidas de seguridad implicaría un mayor coste). Tampoco es culpa del Estado por permitirlo, o por mantener abiertos los locales por donde es muy probable que se propague el virus. Tampoco lo es por continuar con las aglomeraciones en los transportes públicos sin aumentar y mejorar el servicio.
Esta política generalizada en las autonomías se debe al conflicto salud de la población vs. “economía” – que no es otra cosa que la preservación de las ganancias de los grandes capitales -. No es nada nuevo, ya vimos como el Gobierno central en la primera oleada pandémica habilitó los ERTEs (socializaba las pérdidas), NO prohibió los despidos, NO eliminó los alquileres de los más vulnerables, protegió los beneficios de la Sanidad Privada, etc. La “economía” que pretenden salvar no es la de los trabajadores y trabajadoras, ni tampoco de las pequeñas empresas que no les queda otra que endeudarse sin perspectiva de salir del pozo.
Ahora, bajo la supuesta “recuperación post Covid” que confluye con el verano, se esperaba volver a la “nueva normalidad” donde se mantuviesen igual el turismo, la hostelería y la restauración (con la creación de miles de puestos de trabajo precarios) que remontaran la “economía”: generando grandes beneficios a las multinacionales y algo con lo que subsistir a sus trabajadores. Sin embargo, la realidad manchada de coronavirus hace inviable esta “nueva/vieja normalidad”.
Los gobiernos autonómicos, con sus diferencias, siguen gobernando en defensa de los mismos intereses. Ese es el motivo por el que siguen políticas tibias y simples recomendaciones en vez de tomar medidas sanitarias firmes en defensa de la vida de la población.
Otro aspecto que le suma responsabilidad a las administraciones es el del sistema sanitario público. El primer punto es el del largo historial de recortes y ajustes que han impuesto a la sanidad pública, desde la UE hasta los gobiernos autonómicos pasando por los gobiernos centrales, mutilando y precarizando el sector a la par que se dirigía presupuesto público a la privada. Unos recortes que hoy pagamos con muertos, porque ya quedó demostrado que la falta de camas hospitalarias, personal médico, EPIs, etc. sube exageradamente la mortalidad del virus.
El segundo punto es la inacción frente la falta de recursos médicos. La inversión masiva en la sanidad pública es necesaria y urgente. La sanidad privada debe ponerse al servicio de la pública, expropiándose sin coste alguno. Si falta presupuesto, se debe sacar de las grandes fortunas y de la monarquía. Pero es intolerable que fallen las medidas de seguimiento y contención del virus por falta de rastreadores y colapso de la Atención Primaria, y que ya vuelvan a haber hospitales alcanzando el límite de estrés, como el Arnau de Vilanova, en el Segrià.
Frente a este escenario donde la probabilidad de una nueva segunda oleada de coronavirus amenaza el colapso del sistema sanitario mientras se encarniza especialmente sobre la clase trabajadora, urge cambiar de dirección para que estas crisis no la sigan pagando los mismos.
Son muchos los movimientos sociales que surgen o ganan fuerza, críticos con la actual gestión que supone un retroceso en derechos de vida digna. La perspectiva que defendemos es la de unir estos movimientos con tal de construir una alternativa por izquierdas a las actuales gestiones capitalistas. Una alternativa que ponga en primer plano los intereses de la mayoría de los explotados y oprimidos.
