Nicolás Mestre
La política debe seguir a cómo logró estar después del estallido social. En los territorios, en la organización social y en la gente común. Yo no creo verdaderamente en lo que hagan las instituciones, o que las discusiones que se dan en el Congreso y Moneda sean verdaderamente políticas, ya que es un show mediático mientras que los empresarios están viendo qué hacer. Justamente por esto, nuestra crítica va a todos los sectores de izquierda que van a estas instituciones, porque ya estando ahí protegen y blindan los intereses de los poderosos. Esa es nuestra crítica histórica.
Nuestra idea es cambiarlo todo, pero no desde una visión vanguardista, sino que desde el construir con los territorios. Y desde ahí encontrar un real poder que será una alternativa a las instituciones que existen, que le arrebatará el control de nuestras vidas a los poderosos y volverán a ser realmente nuestras.-Víctor Chanfreau, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), entrevista a Pousta 06/01/2020.
Las manifestaciones que en todo Chile protagonizadas por miles de estudiantes secundarios de todo el país en repudio a la segregadora Prueba de Selección Universitaria (PSU), los días lunes 06 y martes 07 de enero, terminaron con un triunfo de los estudiantes organizados al impedir su realización en su segundo día de aplicación. Como respuesta, el gobierno de Sebastián Piñera anunció a través de su Ministra de Educación, Marcela Cubillos, querellas penales y civiles contra los dirigentes estudiantiles de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) que llamaron a protestar contra el injusto sistema de exclusión social de la educación superior. Invocó para estos efectos la Ley de Seguridad Interior del Estado. Además exigió al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) marginar del proceso de rendición de la PSU a todos aquellos jóvenes que protagonizaron las protestas en los distintos locales de rendición del país.
Uno de los argumentos esgrimidos por el ejecutivo fue que el llamado de la ACES y otras organizaciones estudiantiles, atentaba contra el “derecho a acceder a la educación superior”, una falacia a todas luces, pues en Chile no existe tal derecho garantizado por el Estado para toda la población. Al contrario lo que existe es un sistema de exclusión social normalizado por la clase política que año tras año deja fuera del sistema educativo terciario a miles de jóvenes provenientes de familias trabajadoras y de sectores populares, como lo han demostrado todos los estudios relativos a la prueba, ésta diferencia a los jóvenes de acuerdo al ingreso de las familias, para costear una educación privada o un preuniversitario durante uno o más años, cuyo fin consiste únicamente en un entrenamiento en la rendición de la PSU.
El gobierno de Piñera sigue así mostrando claras señales de debilidad política, pues tras el comienzo de la rebelión popular del pasado Octubre el ejecutivo ha ensayado distintas políticas, estrategias y tácticas con el fin declarado de que el país vuelva a las condiciones de estabilidad social del orden capitalista previo, el llamado “oasis” de América Latina, sin mayor efecto. Así, ni la brutal represión sufrida por la población civil al declarar el estado de emergencia y sacar los militares a las calles el 19 de octubre, ni la posterior política de un estado policial de facto en la capital con el criticado “copamiento preventivo” de la Intendencia, han podido frenar la irrupción de las protestas y manifestaciones en la nueva cotidianeidad del país. Tampoco los anuncios sobre medidas sociales que aún no llegan a la población, ni los acuerdos espurios con la totalidad de las fuerzas políticas del régimen postpinochetista en un proceso constituyente a la medida de la clase dominante, han logrado convencer a las masas de que las cosas sigan su curso en la misma institucionalidad que en 30 años no ha logrado garantizar derechos básicos como la educación, la salud, jubilaciones, vivienda, trabajo. Como se lee en distintas calles del país: “aún no hemos logrado nada”.
Mientras en las calles continúan las manifestaciones, el gobierno va quedando cada vez con menos apoyo social, rondando un mínimo histórico de aprobación según todas las encuestas de opinión, los únicos elementos que en este momento sostienen al gobierno son las leyes y fuerzas represivas del Estado, y el apoyo de una fracción de la clase capitalista.
En este contexto resulta gravísima la persecución política que están enfrentando los voceros de la ACES, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau, jóvenes luchadores secundarios que han liderado las protestas contra la educación de mercado que privilegia a una minoría, segrega a las mayorías y endeuda para toda la vida a cientos de miles de estudiantes. La ACES ha sido históricamente una de las organizaciones estudiantiles más combativas del país, surgiendo en 2001 de una ruptura con la entonces Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES) dominada por los sectores reformistas cooptados por los partidos de la entonces coalición de gobierno de la postdictadura, Concertación de Partidos por la Democracia. Han sido protagonistas de las principales de luchas del movimiento estudiantil, tanto durante la “revolución pingüina” del año 2006 contra la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) herencia de la dictadura, como posteriormente en las masivas protestas contra la educación de mercado en 2011. La correcta posición de mantener su independencia política de los partidos del régimen postpinochetista les ha permitido desarrollar un nivel de conciencia y organización que en este momento tiene en jaque al gobierno y a todo el arco político institucional.
Los jóvenes voceros de la ACES han sido capaces de representar los intereses del conjunto de los explotados y oprimidos por el desigual e injusto sistema capitalista administrado por los gobiernos de la derecha pinochetista y la socialdemocracia reformista. Mantuvieron su independencia política durante el último gobierno de Bachelet, la Nueva Mayoría una coalición de gobierno que iba desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, donde incluso el Frente Amplio (FA) tuvo representación en el Ministerio de Educación, siendo los militantes de Revolución Democrática, el principal partido del FA quienes estuvieron a cargo de la frustrada reforma a la educación impulsada por el reformismo. Incluso en el proceso actual lograron desmarcarse de la Mesa de Unidad Social, que agrupa a diferentes organizaciones sociales y sindicales, cuando ésta dio luces de que iban camino a pactar con el gobierno. Rechazando el acuerdo del conjunto de las fuerzas del régimen postpinochetista por la “Paz Social y la Nueva Constitución” del pasado 15 de Noviembre, donde se acordó iniciar un proceso constituyente a la medida de la clase dominante.
Más grave aún resulta la persecución política del gobierno de Piñera contra el joven dirigente Víctor Chanfreau, quien es nieto de Alfonso ChanfreauOyarce, profesor de filosofía y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) quien fuese detenido en julio de 1974 junto a su esposa Erika Hennings, pasando por distintos centros de detención, Londres 38, Villa Grimaldi, siendo torturado y asesinado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura militar de Augusto Pinochet, hasta ser asesinado. Su esposa, abuela del joven dirigente estudiantil, una incansable luchadora de derechos humanos, memoria y justicia logró llevar a los tribunales, pese a todos los pactos de impunidad de las fuerzas del régimen, a la plana mayor de la DINA. Tras la condena, el asesino de Alfonso Chanfreau, el ex comandante de carabineros Ricardo Lawrence Mires, se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2014, aunque para el gobierno esta no fuera una materia de interés nacional, priorizando la continuación de la persecución política de sus descendientes.
En este sentido, es que apoyamos totalmente la heroica lucha que están dando los jóvenes estudiantes secundarios de la ACES, y decimos junto con ellos:
¡Fin a los sistemas de exclusión de la educación superior!
¡Basta de represión y persecución política a la protesta social!
¡Fin a los pactos de impunidad!
¡Juicio y castigo a los responsables políticos de las violaciones de derechos humanos en el país!