Tomás Agustín
El pasado lunes 3 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas publicó un informe[1] en el cual el organismo internacional advierte que si no se abrieran pronto las escuelas, el mundo pasaría a vivir una “catástrofe generacional”, producto de 1.000 millones de estudiantes afectados por el cierre de escuelas en todo el mundo. La pandemia del COVID-19 vino a agravar, según la ONU, una crisis de la educación ya existente, manifiesta en 250 millones de niñas y niños sin escolarización.
El informe también señala que las escuelas cerradas tuvieron como consecuencia algo que se veía venir con la cuarentena: a las mujeres, en general, se les presentó una sobrecarga de tareas en el hogar al tener a las hijas e hijos sin asistir a la escuela por la pandemia.
El texto publicado por la ONU advierte, además, sobre la pérdida de potencial humano que esto significará a futuro, cuando estos niños y niñas sean adultos y no hayan podido acceder a una educación en condiciones o directamente no haber podido acceder a ella de ninguna forma.
Estos son algunos de los argumentos que el organismo esboza para llegar a la conclusión de que una de las prioridades para cuando el contagio por COVID-19 esté controlado, sea la reapertura de las instituciones educativas, con prioridad también en la financiación que los distintos estados otorgan para el sistema educativo, invirtiendo además en infraestructura digital.
Sin ninguna esperanza en que lo hiciera, el informe de las Naciones Unidas no menciona nada sobre la crisis económica en la que nos ha sumergido este sistema de explotación y opresión. En este capitalismo del siglo XXI donde lo único que abunda son el desempleo y la precarización laboral, la única salida posible es una salida anticapitalista. Nadie puede negar que millones de trabajadoras y trabajadores, así como sus hijas e hijos, en todo el mundo se están quedando por fuera del sistema educativo. Ayer por la crisis y la falta de expectativas en el futuro a la que esta lleva a muchas y muchos jóvenes, y hoy, sumado a esto último, por la virtualización forzosa que se ha impuesto en todo el mundo y que excluye a quienes provienen de los sectores populares.
En un mundo de gobiernos burgueses como el de Alberto Fernández en Argentina, que cierran acuerdos con acreedores privados en medio de una crisis económica y una crisis sanitaria, hay que tomar medidas, no solamente para destinar mayor presupuesto hacia el sistema de salud (algo fundamental en esta coyuntura, evidentemente) y no hacia los bonistas y el FMI, sino también para garantizar que la educación sea para todas y todos, que sea inclusiva. El Estado debe garantizar los equipos (computadoras, tablets, celulares, etc.) e Internet para que la clase trabajadora y los sectores populares puedan acceder a la educación virtual, sin riesgo de exponerse mientras no haya cura ni vacuna para el coronavirus, así como para los docentes, que han sido sometidos a una superexplotación laboral al no tener garantizados los sistemas y programas ni los protocolos para llevar adelante las clases virtuales y todo lo que eso conlleva.
[1] https://www.un.org/es/coronavirus/articles/future-education-here
