Xavi Posets
El 21 de mayo el Gobierno consiguió una muy ajustada mayoría (177 votos a favor, 162 en contra y 11 abstenciones) para prolongar por quinta vez el estado de alarma durante los próximos 15 días. Lo hizo con el apoyo de Ciudadanos y con un parlamento fracturado.
A Sánchez se le ha visto menos apurado que en la anterior votación para alargar el estado de alarma, cuando la salvó pactando a última hora con la tercera derecha. Ahora parece que Ciudadanos se establece como socio regular para el Gobierno, lo que podría marcar un giro a la derecha en un futuro contexto lleno de crisis.
El “Sí” de C’s, obviamente, no es gratis. Entre promesas de agilizar ERTEs y “analizar” la posibilidad de ampliar las prestaciones a los autónomos y su exención de abonar las cuotas de Seguridad Social, el comunicado afirma aplazar la recaudación de impuestos de los contribuyentes sin interés de demora.
Desde Ciudadanos, este pacto lo muestran como una victoria porque: “gracias al papel de Ciudadanos, no se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles”. Este punto no sale en el comunicado oficial, y atenta completamente con el pacto de investidura de PSOE con ERC en el que este último le garantizaba los votos para investir a Pedro Sánchez como presidente a cambio de llevar a cabo urgentemente una mesa de diálogo para hablar del problema territorial del Estado español [1].
Aunque a primeras parece un bulo de C’s, el historial del PSOE refuerza esta declaración. Ahora ERC amenaza con poner en peligro los presupuestos de Estado. De no contar con el apoyo de la formación independentista, el Gobierno deberá buscar otra fórmula, lo que profundiza la posibilidad de que lo haga en la derecha.
El otro pacto, con Bildu, la izquierda independentista vasca, ha sido inesperado. Se dio a conocer después de la votación, donde los 6 diputados de la formación vasca se abstuvieron para prolongar el estado de alarma, aunque sus votos no eran decisivos. En el pacto, los firmantes, PSOE, Podemos y Bildu, en el primer punto se comprometían a derogar de forma íntegra la reforma laboral del 2012, del PP, en un plazo inferior al alargamiento del estado de alarma.
A las 4 horas de saberse, el PSOE rectificaba diciendo que solo se van a derogar los aspectos más lesivos de ésta. Según ellos, se acabará derogando aquello que ya se había pactado con Podemos en el debate de investidura. Al día siguiente, Pablo Iglesias aseguró la derogación completa, a la par que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos (uno de los dirigentes con más peso político dentro del Ejecutivo), decía lo contrario. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, integrante de Unidas Podemos ya se había anunciado a principios de mes explicando la imposibilidad de derogar completamente esta reforma laboral por cuestiones técnicas, “Sería irresponsable hacerlo”.
Las consecuencias de este pacto van más allá de los desengaños de Bildu con PSOE. La patronal CEOE han suspendido las reuniones con el Gobierno por “deslealtad al diálogo social”. De esta forma es posible que se alargue la aprobación del ingreso mínimo vital del que tanto presumía Pablo Iglesias.
También las direcciones de UGT y CCOO han rechazado el pacto. Dicen estar de acuerdo con la derogación, pero no que se negocie sin los “agentes sociales”. Unai Sordo, secretario general de CCOO, añade: “[Hay que derogar la reforma laboral] en cuanto salgamos de esta situación tan delicada y prioritaria que es hacer frente a la pandemia”. Queda claro los intereses de la burocracia sindical: defender los intereses de la patronal mientras dure la crisis. Después también.
Concluyendo, el apoyo que el gobierno de Sánchez-Iglesias mantenía hasta ahora parece venirse abajo, lo busca en Ciudadanos, un partido que reforzaría esta deriva defensora del interés de la patronal que ha llevado hasta ahora el Gobierno. Los morados no solo se han vuelto parte del sostén del Régimen del 78, sino incluso se mantienen al lado del partido del Ibex 35, el partido que nació para destruirles. Fuera del parlamento la situación se polariza ante una derecha rancia anti-cuarentena y una izquierda que empieza a asomar la cabeza.
[1] El Gobierno no tardó en aplazar esta mesa de diálogo por motivo del COVID-19, e incluso antes. Aun así, demasiado ingenua debe ser ERC para pretender conseguir algo en relación al derecho de autodeterminación del pueblo catalán o a la liberación de sus presos políticos dialogando con el mismo partido que apoyó al 155 y avisó que, si se sentaba en la mesa de negociación, sería solo para hablar dentro de los límites de la Constitución.
