Nano Menyón
El 3 de junio, el Colegio de Docentes de Chile (el sindicato de los docentes de educación primaria y media) inició un paro por tiempo indeterminado en reclamo de un pliego de demandas, como la reforma del plan de estudios de la Enseñanza Media, que vuelve optativas las asignaturas de Historia, Arte y Educación Física (en el país con mayor tasa de obesidad infantil de América Latina y quinto en el mundo[1]), el reconocimiento profesional de los docentes diferenciales, mejoras en las condiciones edilicias y sanitarias (se denunciaron plagas de ratas en varios colegios) y el reconocimiento de la Deuda Histórica a los profesores como empleados públicos[2]. Ayer, 3 de julio, miles se movilizaron por las calles de Santiago en el inicio de la quinta semana de huelga.
El debate por la educación en Chile viene de tiempo atrás, desde la dictadura de Augusto Pinochet. En aquellos años se establecieron el traspaso de la educación pública al ámbito municipal. Se flexibilizó el control del Estado sobre la creación de instituciones privadas (especialmente en las universidades) y además se aranceló totalmente la universidad pública. Todas medidas en favor de un único objetivo: la privatización del sistema educativo chileno para ponerlo al servicio de los mercados y no del pueblo trabajador. En 1990, antes de irse, dictó el decreto-ley LOCE, que dio rango legal a estas reformas privatistas.
Efectivamente, el proceso de privatización fue durísimo: apenas el 30% asiste a los institutos municipales, se crearon instituciones privadas por todos lados sin ningún control por parte del Estado (véase el caso de la Universidad del Mar, una “universidad” cuyo objetivo en realidad era lavar dinero para las empresas inmobiliarias, que terminó clausurada en 2012) y se estableció un siniestro sistema de créditos, donde el estudiante se adeuda para toda su vida para cubrir sus gastos universitarios[3].
El modelo neoliberal que impuso Pinochet no fue cambiado en su esencia, pero en estos últimos años el sector educativo salió a enfrentarlo. En 2006, apenas asumió Michel Bachelet ocurre el puntapié inicial con la llamada “Revolución de los Pingüinos”. Miles de estudiantes secundarios (llamados coloquialmente pingüinos por su uniforme característico) salieron a las calles a pedir la derogación de la LOCE, lo que lograron tras la sanción de la nueva ley de educación en 2007. Sin embargo, el movimiento estudiantil (apagado hasta ese entonces) quedó como uno de los movimientos más dinámicos, movilizándose y organizándose. No sorprende que en 2011 los estudiantes, esta vez los universitarios, hayan vuelto a las calles. En aquel año hubo un atraso en el depósito de las becas, y con la experiencia de años anteriores salieron a marchar por Santiago contra todo el sistema educativo, reclamando que el Estado tenga mayor injerencia en la educación.
Paro docente del 2019
La lucha actual empezó en 2018. En abril, el Colegio de Profesores presento un reclamo dando cuenta de la situación educativa: los colegios sufren plagas de roedores, falta de elementos básicos de higiene y material pedagógico. Además, exigen demandas históricas como que los profesores que trabajan en escuelas especiales sean considerados por su labor y la famosa Deuda Histórica, por lo que no se reconoce el aumento general de salario a los empleados nacionales desde 1981. A esto se sumó la reforma curricular aquel año, donde las materias de Historia, Arte y Educación Física pasan a ser optativas en el 3º y 4º año del ciclo medio.
El gobierno de Sebastián Piñera, con su ministra de Educación Marcela Cubillos (fiel defensora de la dictadura pinochetista) hicieron oídos sordos a estos reclamos, y avanzaron en el vaciamiento del sistema educativo: en noviembre el Ministerio se queda sin Director Nacional de Educación, y no es nombrado nadie en su reemplazo.
Así las cosas, el 26 de mayo de 2019 se dicta un ultimátum: si el gobierno no ofrece respuestas, el 3 de junio inicia un paro “por tiempo indefinido”, anuncio el titular del gremio Mario Aguilar.
A lo largo de este mes, los docentes cosecharon numerosos apoyos: primero se sumaron los estudiantes de medio y la Confech (estudiantes universitarios), y luego sumaron apoyos de numerosos sectores de trabajadores, como ANEF (empleados públicos), los portuarios, los mineros y los trabajadores de la salud, quienes llamaron a paro el jueves 4 de julio en solidaridad con los docentes y contra el ajuste de Piñera en la salud pública.
Unidad para ganar
Durante estos días se vieron numerosas muestras de unidad entre los trabajadores: en Antofagasta se congregaron tres mil personas en las calles, recibiendo el apoyo de los mineros de la ciudad. Además, se suma el sector portuario en Valparaíso y los ya mencionados trabajadores públicos y de la salud.
Multitudinarias marchas, cacerolazos se suceden en varias ciudades. En Santiago son las más convocantes, pero también en lugares como Valparaíso y Antofagasta miles de personas se congregan en las distintas actividades. La huelga cuenta con altos niveles de apoyo entre la población, y el gobierno está sufriendo un duro rechazo por darle la espalda al reclamo docente, en especial la ministra Cubillos.
Es hora de que la central de trabajadores del país, la CUT, llame a asambleas para organizar un gran paro nacional en apoyo a la huelga docente y contra el gobierno neoliberal de Piñera. Así, el paro de los profesores podrá ser una punta de lanza contra las políticas privatizadoras y de ajuste que está sufriendo Chile, y más profundamente terminar con el modelo instaurado por el dictador Pinochet, de gran enraizamiento y fuertemente contrario a los intereses de los trabajadores, los estudiantes, los jóvenes y las mujeres del país.
¡Viva la lucha docente de Chile!
[1]Ver Aumento de la obesidad en chile y en el mundo, 2018, Dr. Fernando Vío del Río.
[2]Ocurre que, durante la dictadura de Pinochet, en 1981, se acordó un aumento salarial a los empleados públicos que nunca fue otorgado a los docentes.
[3] El arancel promedio de cualquier universidad suele ser el 130% del sueldo mínimo anual. Los créditos estatales suelen tener plazos de 15 años, y los privados pueden llegar a 30 años.
