Chile: dos estudiantes asesinados tras movilización educativa

Ale Kur

Se profundiza la crisis política

Tras la jornada de grandes movilizaciones estudiantiles del 14 de mayo, dos jóvenes estudiantes (Diego Guzmán y Exequiel Borvarán) fueron asesinados en la ciudad de Valparaíso. Fueron ejecutados por un “ciudadano particular” en un acto de supuesta “defensa de la propiedad”: los estudiantes habrían intentado realizar una pintada en una pared.

Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, los autores del homicidio no fueron los carabineros, que llevan más de treinta años -desde la dictadura de pinochetista- apaleando a los estudiantes y a los trabajadores. Sin embargo, el asesinato no puede desligarse del clima de criminalización de la protesta social que llevan adelante el Estado chileno (empezando por la “socialista” Bachelet) y los grandes medios de comunicación.

La movilización del 14 había sido convocada por la CONFECH (organización que nuclea a los estudiantes chilenos) y tuvo una asistencia –estimada por sus convocantes- de unas 150 mil personas. El punto central era la exigencia al gobierno de que los estudiantes y profesores sean parte de la elaboración del proyecto de Reforma Educativa.

Se trata de una continuidad del proceso de lucha estudiantil comenzado en 2011, y que tiene por objetivo la finalización del lucro en la educación, y el desarrollo de una auténtica educación pública, gratuita y de calidad a la que pueda acceder masivamente la población.

El asesinato de los dos estudiantes se trata de un síntoma de la profundización de la crisis política chilena, y a la vez es un factor para su agravamiento.

El ciclo de las falsas “reformas” de Bachelet

Las enormes movilizaciones estudiantiles iniciadas en 2011 desencadenaron un proceso aún mayor de luchas populares, que de conjunto terminaron desgastando al gobierno derechista de Sebastián Piñera y provocaron el triunfo del “reformismo” de Bachelet. La presidenta asumió su mandato en un contexto marcado fuertemente por ese ciclo de movilizaciones, y ante una fuerte exigencia popular de transformaciones en todos los aspectos.

Por eso el gobierno anunció su nuevo mandato con una retórica relativamente “izquierdista”, prometiendo atender a las demandas populares, e incluyendo en su gobierno y su coalición política al Partido Comunista. Los pilares de su gestión supuestamente serían grandes paquetes de reformas en diversos aspectos: el sistema político, el sistema tributario, el sistema educativo, las leyes laborales, e inclusive (quizás) la misma Constitución Nacional.

Para diseñar estas reformas, Bachelet implementó un estilo de “consultas”, “diálogos” y “negociaciones” que daban la apariencia de un proceso democrático, pero que tenían el contenido exactamente opuesto: los actores invitados a dialogar eran preferencialmente los sectores dominantes tradicionales (grandes empresarios y viejos partidos políticos), en menor medida las burocracias sindicales y en mucho menor medida los movimientos sociales.

La resultante es que los diversos paquetes de reformas que Bachelet impulsó no pasaron de ser modificaciones menores o hasta meramente cosméticas. Demás está decir que no contuvieron prácticamente ninguna de las demandas sociales planteadas.

La  Reforma Educativa es uno de los casos más claros de lo anterior. La presidenta de la FECH (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile) señaló en una carta pública[1]: “La educación pública no solamente ha sido ignorada por todo proyecto legislativo, sino que incluso se pondrá un montón de recursos a disposición de la educación particular subvencionada que pueden significar una fuga aún mayor de estudiantes de la educación pública. El lucro solamente se está prohibiendo cuando hay fondos públicos involucrados, y manteniendo posibles resquicios legales como el arriendo del inmueble.” Expresó también que “la reforma tributaria no alcanza para las promesas que nos hicieron”.

Es decir, la reforma educativa de Bachelet no impone en modo alguno la primacía de la educación pública sobre la educación privada –mucho menos elimina a esta última-, sino que la continúa sosteniendo con fondos estatales. No contiene en modo alguno a las demandas de los estudiantes de 2011: esa es la raíz de la continuidad de las movilizaciones el día de hoy.

Crisis del gabinete Bachelet y discusión constituyente

Como señalábamos en un artículo anterior[2] , los escándalos de corrupción que estallaron a lo largo de 2015 hicieron caer en picada la popularidad de Bachelet y del régimen político en su conjunto. Se abrió una crisis de legitimidad que profundizó la desconfianza de los estudiantes, los trabajadores y los sectores populares hacia las falsas “reformas”. Ya señalábamos en esa ocasión que se desarrollaron movilizaciones que le exigían al gobierno: ninguna reforma sin participación popular.

Unos días después de que señaláramos esta creciente situación de crisis política, Bachelet confirmó la caracterización haciendo renunciar a todo su gabinete de ministros para poder rearmarlo. Distintos medios de comunicación señalan que esto se trata de toda una novedad en el sistema político chileno: en los últimos 30 años, ningún presidente había removido a su ministro de Economía.

El sentido político de los cambios parece ser diluir todavía más la política “reformista”, para evitar choques con la elite empresarial y política. El diario español El País señala[3]: “No habrá revolución, ni volverá la vía chilena al socialismo. En definitiva, habrá más de la tal vez aburrida e insípida negociación democrática que hubo hasta ahora.”

“Aburrida e insípida negociación” significa lisa y llanamente más neoliberalismo económico y más farsa de democracia política, sin ningún contenido de transformación social progresiva.

Otro de los aspectos de la crisis política en desarrollo es el anuncio por parte de Bachelet de que se iniciaría una discusión parlamentaria acerca de los “mecanismos” para llevar adelante una Reforma Constitucional. Este es un aspecto de gran importancia ya que la Constitución que rige actualmente es la que fue elaborada por el dictador Pinochet en 1980.

Como señalábamos en la nota de SoB 329, todo el actual régimen político y económico es herencia directa del sistema pinochetista. Por lo tanto, cuestionar la Constitución de 1980 podría ser un importante paso para empezar a desmantelar todo el régimen neoliberal.

Por eso mismo, los anuncios de la discusión constituyente fueron matizados inmediatamente por ministros de Bachelet. Parte importante de su gobierno y la coalición política que lo sostiene intenta evitar que la reforma constitucional sea discutida y decidida democráticamente por la población. Por eso se oponen fervientemente a que se convoque a una Asamblea Constituyente libre y soberana.

No está claro todavía qué tipo de “mecanismo” tiene Bachelet en mente, pero su rumbo político más general indica que difícilmente vaya a plantear una auténtica discusión popular al respecto.

Demoler el régimen pinochetista

La profundización de la crisis política impone al movimiento estudiantil, a los trabajadores y a la izquierda lanzarse a la búsqueda de una alternativa de fondo a todos los problemas estructurales de Chile. Eso exige una ruptura radical con el régimen político, económico y social pinochetista.

En la medida en que se abra la discusión de reforma constitucional, es fundamental que los sectores populares puedan terciar en la discusión exigiendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente libre y soberana.

Es decir: un organismo surgido directamente del voto popular dotado de plenos poderes para transformar completamente el país.

Un organismo que pueda disolver todas las instituciones corruptas y puestas al servicio del gran empresariado, nacionalizar los recursos económicos (empezando por el cobre), establecer un sistema único de educación pública gratuita, laica y de calidad, tirar abajo las leyes laborales pinochetistas y establecer plenos derechos para los trabajadores, implementar un impuesto único y fuerte sobre la renta empresaria, etc.

Por supuesto, la conquista de una Asamblea Constituyente con estas características que mencionamos atentaría de lleno contra los intereses capitalistas, y sólo podría sostenerse sobre la base de enormes movilizaciones obreras, estudiantiles y populares. Exigiría también la formación de una expresión política independiente de esos sectores, un instrumento político de los trabajadores y el pueblo.

La trampa de una “reforma constitucional” limitada, sin Asamblea Constituyente (o basada en acuerdos por arriba para mantener todo como está), sólo puede reforzar y maquillar el régimen pinochetista y neoliberal que sobrevive hasta el día de hoy. Es necesario un desborde por izquierda del gobierno de Bachelet y de sus falsas ilusiones de reforma.

 

[1] “Por qué marcharemos”, Valentina Saavedra, 13/5/15 (tomado de http://www.elmercurio.com/blogs/2015/05/13/31751/Por-que-marcharemos.aspx)

[2] Chile – Importante paro nacional de los “gremios estratégicos”, Ale Kur, periódico Socialismo o Barbarie N°329

[3]  “El fin del excepcionalismo chileno” Héctor E. Schamis, 17/5/15 , El País Internacional